El Instituto Para la Economía y la Paz desarrolló en mayo un estudio muy interesante titulado “Índice de Paz México 2021”. Dentro del mismo se pueden encontrar datos detallados sobre el desarrollo que ha tenido nuestro país específicamente en materia de seguridad, junto con las implicaciones y causas de las mismas. Es importante analizar las conclusiones obtenidas por el estudio para darnos cuenta en dónde nos encontramos y el inmenso trabajo que debemos hacer para vivir en un país más seguro.No está en tela de juicio que uno de los retos más preocupantes a los que nos hemos enfrentado en los últimos años es la seguridad. Esto se refleja de manera clara al preguntarle a cualquier persona, si se siente segura al caminar por la calle o por el contrario, teme ser objeto de un delito. Según las conclusiones del estudio, esto se debe a varios factores tales como que desde el 2015 la tasa nacional de homicidios aumentó en un 84.1%, colocando a México en el noveno lugar a nivel mundial. De esta alta en homicidios, se calcula que al día de hoy más de la mitad de todos los homicidios del país ocurren en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, el Estado de México y Jalisco.Un acierto del estudio del Instituto Para la Economía y la Paz es que cuantifica el costo del impacto de la violencia en el país. Únicamente en el 2020 se señaló que el impacto económico de la violencia fue de 221 mil millones de dólares, lo cual es un número siete veces superior al gasto del gobierno en la salud pública. Este número ridículamente alto representa a su vez más de una quinta parte del total del Producto Interno Bruto del país. Al aterrizar estas cifras podemos recordar que la violencia no solo resulta indeseable para el país, sino que su costo económico es altísimo.La impunidad es una de las múltiples aristas por las cuales resulta complicado combatir el tema de seguridad en nuestro país. Para dar un ejemplo de esto, consideremos que en México tenemos únicamente 2.2 jueces por cada 100 mil habitantes. Este número, se estima, es casi ocho veces menor al promedio mundial. Esto significa que a priori nuestro sistema judicial se encuentra atado de manos con el número de casos que puede resolver, lo cual a su vez se traduce a un incremento en la impunidad a nivel nacional. Lamentablemente, esto abre paso a que más personas cometan un delito sin que estos se resuelvan por vías judiciales.
