Alerta: el Conahcyt dejó sin beca a 475 alumnos de 59 posgrados en la UdeG para estudiar una maestría o un doctorado. Uno de ellos es Hugo Rodríguez, estudiante del Doctorado en Derechos Humanos en el CuTonalá. Igual que casi medio millar de alumnos invirtió tiempo y recursos en postularse con la esperanza de obtener una beca del Conahcyt. Sin embargo, a dos semanas de iniciado el ciclo escolar, la institución federal modificó el reglamento de becas y los criterios para que un posgrado sea prioritario. Hugo me contó que hay además 18 extranjeros que vinieron a Guadalajara con una carta del Conahcyt, en donde les garantiza una beca para estudiar en la UdeG, pero se quedaron sin apoyo económico. De hecho, una colombiana tuvo que volver a su país. El drama alcanza a estudiantes de otras partes de México que se vinieron con sus familias. También están en el limbo 20 estudiantes de medicina, quienes acreditaron el examen nacional para ingresar a una especialidad, pero sin el apoyo federal corren el riesgo de verse obligados a desertar. Esto evidencia un desorden en la implementación del nuevo modelo. Las becas del Conahcyt consisten en un apoyo de 14 mil pesos mensuales para maestría y 18 mil para doctorado. La mayoría de las veces, la demanda académica de un posgrado exige tiempo completo, por lo que es indispensable una beca para estudiar. Este tema, poco mediatizado, es de la más alta relevancia para la sociedad pues de eso depende el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del país. Están en riesgo los avances del sistema de posgrados públicos en México debido a un rediseño regresivo con reglas confusas y sesgos ideológicos a partir de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación aprobada este año. Todo indica que dejaron de ser prioritarios programas que podrían considerarse “neoliberales”. Por eso el CUCEA y el Sistema de Universidad Virtual son los más afectados.En mi columna “Golpe a becarios del Conahcyt” expliqué cómo esta nueva política parte de una idea razonable: garantizar la gratuidad de los posgrados públicos pues el 75 por ciento de las universidades públicas cobran cuotas. Sin embargo, la federación implementó con prisa y torpeza los nuevos criterios diseñados desde el escritorio de algún burócrata alejado de la realidad. Desde hace dos semanas, Hugo ha trabajado “a tope” en un amparo para impugnar el sistema normativo de becas por vulnerar el derecho humano a la educación y carecer de reglas claras que han cambiado sobre la marcha. Quiere presentarlo a más tardar el miércoles: “Tengo mucha esperanza de que los tribunales de la Federación hagan su trabajo porque es evidente que hay violaciones a los derechos humanos”. Sé que la UdeG mantiene una intensa negociación con el Conahcyt para recuperar los apoyos para los alumnos y alumnas, pero nada es seguro. Estos días serán decisivos.
