La reforma propuesta a la Ley de Amparo, presentada ante los órganos legislativos recientemente, busca restringir el derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales. Esta iniciativa pretende limitar a jueces y magistrados en la concesión de suspensiones contra la aplicación de leyes o disposiciones con efectos generales. En otras palabras, los ciudadanos perderían la capacidad de defenderse cuando se solicite suspender la aplicación de una ley que viola sus derechos fundamentales, permitiendo que las cosas avancen incluso cuando se produzcan efectos irreparables.El pretexto esgrimido es la necesidad de que las obras públicas avancen sin obstáculos legales. Es decir, se intenta corregir supuestas malas prácticas eliminando un derecho para toda la población. Es como si, debido a errores en la implementación de un programa terapéutico o malas prácticas médicas, se decidiera cerrar todos los hospitales y dejar a la población sin servicio. En todo caso, por engorrosos que resulte deben ser las autoridades judiciales quienes deben resolver adecuadamente los conflictos que surjan debido a su actuación, la cual podría afectar los derechos de las personas. La justicia es un servicio público fundamental.Es evidente que eliminar el derecho a la tutela judicial vulnera principios constitucionales, incluido el contenido en el artículo primero de nuestra Ley Fundamental, que establece que los derechos no pueden limitarse ni suspenderse salvo en los casos previstos en la Constitución, y que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de manera que favorezcan la protección más amplia de las personas. En este caso, se intenta resolver un problema que las autoridades políticas consideran de interpretación inadecuada, eliminando el derecho de todas las personas a la defensa judicial; algo que evidentemente va en contra de la propia Constitución.Durante décadas, el sistema jurídico mexicano ha avanzado lentamente en la extensión y consolidación de un sistema de defensa de los derechos fundamentales frente a las autoridades ejecutivas y legislativas. Este proceso ha sido paralelo a la consolidación de nuestra democracia; un camino que nos ha llevado desde el autoritarismo presidencialista hacia un mecanismo de pesos y contrapesos que, a pesar de sus defectos, ha permitido consolidar una sociedad más libre. En este sentido, un avance importante ha sido otorgar efectos generales o erga omnes a las resoluciones que afecten los derechos fundamentales. Ahora con esta propuesta se pretende dar marcha atrás en la expansión de los derechos y en el equilibrio de poderes. Vigilar este equilibrio es una de las tareas más importantes de los tribunales constitucionales, encargados de garantizar la vigencia de los derechos garantizados por la Constitución.Este tema es de enorme relevancia porque se trata de un mecanismo de contrapeso constitucional y de la supremacía del Poder Judicial en la interpretación del alcance de los derechos, cuestión fundamental para la democracia. La protección de los intereses colectivos no debe violar las libertades, ni mucho menos socavar los mecanismos de defensa judicial de las mismas. Las autoridades judiciales son y deben ser las encargadas de ponderar el peso de los principios en cada caso para resolver los conflictos entre principios constitucionales. Todas las autoridades deben someterse a este escrutinio en la aplicación de sus atribuciones como garantía de control de constitucionalidad de sus decisiones.La iniciativa, que aún está en discusión, seguramente será objeto de recursos legales para debatir estos y otros indicios de inconstitucionalidad evidente. Lo importante ahora es no perder de vista que se trata de un tema crucial que se introduce en medio de la campaña electoral, donde la polarización política puede nublar la visión y confundir los temas accesorios con cuestiones esenciales. Defender la Constitución es una tarea fundamental de todos en todo momento.luisernestosalomon@gmail.com
