Pasado el tercer y último debate presidencial, la primera gran conclusión del proceso electoral 2023-2024 es que los formatos diseñados en esta ocasión por los partidos políticos pasarán como los más acartonados y aburridos de la historia política del país desde que iniciaron hace tres décadas en la elección de 1994.Estas limitaciones no sólo impidieron un verdadero debate de proyectos y de propuestas, sino también del contraste de reputaciones y trayectorias. La imposibilidad de que los moderadores puedan preguntar impide que exista un nivel mínimo de verificación de datos presentados por las candidaturas y de obligación de las y los contendientes de responder a los cuestionamientos de sus adversarios. Por eso el domingo pasado, la candidata puntera en las encuestas preelectorales, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aprovechó para evadir el golpeteo de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, y sin el menor costo político sólo se limitó a decir que eran calumnias las afirmaciones de que Morena era una “narcopartido” que hacía con base en el libro de Anabel Hernández, “La Historia Secreta”, donde se señalan los presuntos nexos de su Gobierno de la Ciudad de México con el crimen organizado, así como de la presunta investigación de Estados Unidos contra su coordinador de campaña y dirigente nacional morenista, Mario Delgado. Así, la candidata oficial salió más que bien librada de lo que en teoría sería su más complicado debate por ser los temas de discusión los más claros talones de Aquiles del Gobierno de la autollamada cuarta transformación: el de la inseguridad y el crimen organizado, por la desbordada crisis de inseguridad y violencia que hay en el país, las crisis migratorias, así como los temas de la democracia, pluralismo y división de poderes, por los constantes asomos autoritarios del Gobierno de AMLO contra el Poder Judicial de la Federación y los organismos constitucionales autónomos. La falta de una moderación activa permite también una especie de licencia para mentir al presentar tablas con cifras de índices delictivos, de salud, pobreza y educación entre otras, sin permitir su verificación o la validez de la fuente. Urge sin duda por ello, subir el costo al candidato o la candidata que mienta a los ciudadanos en estos ejercicios.Toca, pues, al Instituto Nacional Electoral (INE) tener una intervención más contundente para definir el diseño de los debates pensando en los ciudadanos electores y en formatos que les permitan obtener información de calidad para definir su voto, y no atienda sólo las directrices de los dirigentes de los partidos políticos (inexplicablemente también los opositores) y sus candidatos que buscan, por todos los medios, que los debates sean un mero trámite.jbarrera4r@gmail.com
