Cuando en octubre de 2018, semanas antes que Enrique Alfaro, entonces gobernador electo, entregara una terna a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para que se les evaluara, cuando en realidad ya se había decidido que el titular de la nueva Fiscalía General sería Gerardo Octavio Solís Gómez, me pregunté aquí si sería quien lograría implementar el modelo independiente al Poder Ejecutivo que la sociedad organizada reclamaba en el movimiento “Por una Fiscalía Que Sirva”.Había una razonable expectativa positiva por la experiencia con la que llegaba a esa nueva responsabilidad. Había sido ya procurador al final del gobierno del panista Alberto Cárdenas y luego en el del también panista Francisco Ramírez Acuña, donde después pasó a convertirse en ex secretario general de Gobierno, e incluso gobernador interino de Jalisco entre el 2005 y el 2006. En el año de 2013, el recién llegado gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval le pidió al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que lo nombrara delegado de esa institución en Jalisco.Había también la promesa de Alfaro de, si bien no cumplir de momento la petición de que no fuera el Ejecutivo quien nombrara al fiscal, sí cumplir paulatinamente los otros 22 puntos mínimos propuestos por 50 instituciones, entre ellas cúpulas empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil para dar forma al nuevo modelo de la Fiscalía Autónoma, así como una agenda de trabajo para alcanzar en el futuro próximo, ahora sí, su autonomía.Lejos de que se cumpliera esa promesa y se hubiera trabajado de forma sistemática con ese fin, el gobernador y el fiscal reconocieron en la crisis de junio del 2020, cuando una marcha contra la violencia policial degeneró primero en destrozos y agresiones a policías, luego en un grave enfrentamiento político entre Alfaro y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y al día siguiente en una serie de detenciones ilegales contra jóvenes, que la Fiscalía estaba infiltrada por la delincuencia organizada y que desde dentro estuvieron a punto de repetir una caso como el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Jalisco. Fue ese el episodio más difícil para Solís Gómez, que se agravó porque nunca se le dio seguimiento a esa grave confesión ni se ordenaron acciones claras para depurar y combatir esa infiltración delincuencial.Con la renuncia que ayer presentó el ahora ex fiscal, por motivos de salud, y las condiciones en las que deja esa dependencia, se cumple el pronóstico que en su momento hizo el CPS al señalar que ninguno de los candidatos a la terna para fiscal en 2018 presentó en su proyecto “estrategias que hagan efectivo un cambio de paradigma en la institución de procuración de justicia en el estado”.jbarrera4r@gmail.com
