El atorón del proceso de nombramiento del fiscal especial para el combate a la corrupción por el amparo interpuesto por Gabriel Valencia ha generado todo tipo de interpretaciones y especulaciones, pero sobre todo un impasse en la instalación de una pieza clave del sistema estatal anticorrupción.Sobre lo que motiva a Valencia para ampararse se ha dicho de todo, desde que él y su hermano están usando el amparo para negociar espacios al interior de MC, partido por el cual Augusto Valencia es diputado, hasta los más mal pensados, que sostienen que se trata de una maniobra orquestada por los partidos (MC y PRI coludidos) para evitar que exista un fiscal que persiga la corrupción. La única razón que expresa Gabriel Valencia, es decir que no es especulación, es que sus derechos fueron violentados y que de acuerdo a la ley y la interpretación que la Corte ha hecho sobre ella, el gobernador, que tiene por supuesto toda la autoridad para no proponerlo, debió haber argumentado públicamente sus razones para no hacerlo, pues en la segunda terna el Ejecutivo propuso a quienes aparecían a la lista en los numerales 2, 4 y 5 (el primer lugar había sido considerado en la primera terna) y él, que era el 3 no fue propuesto. El que el informe del Comité de Participación Social no sea vinculante no significa que no deba ser tomado formalmente en cuenta.Si no hay pues, segundas o terceras intenciones en el amparo, si no hay una retorcida intención política sino la voluntad expresa de Gabriel Valencia de que las cosas se hagan conforme a derecho, entonces su disyuntiva es mucho más sencilla. Reponer el procedimiento no le ayudará para nada, pues evidentemente, aunque todo regresara al principio, el gobernador no lo propondría como candidato. Por otro lado, está claro que el nombramiento de Gerardo de la Cruz Tovar como fiscal tiene un amplio consenso político y social que difícilmente se habría encontrado en otro de los que participaron un perfil tan aceptado. Si la lucha de Gabriel Valencia es por la claridad jurídica del proceso, ya ganó: el amparo es claro en decir que debió haberse hecho una valoración de carácter público de la terna. Pero no va a ganar nada más. Así que lo que tocaría es desistirse para permitir que el proceso siga. Si no lo hace, la especulación de que se está prestando a un juego político en busca de un beneficio personal o, peor aún, haciéndole el favor a la clase política en contra de los intereses de la sociedad civil, cobrará vigencia y sentido.Las razones correctas pueden llevar a consecuencias indeseadas. Eso es lo que debe valorar Valencia.
