A pesar de los altos costos que conlleva la estrategia de militarización en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso al abordar la violencia y el narcotráfico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contradiciendo y faltando a su promesa de campaña de «regresar el Ejército a sus cuarteles», ha cristalizado otro de sus perversos caprichos al conseguir que una sumisa, cobarde y pusilánime mayoría de diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo le aprobara que la Guardia Nacional «dependa completamente» de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), concretando así la militarización de la seguridad pública en México.Andrés Manuel López Obrador afirmó en 2012 que, en caso de ser Presidente de México, sacaría al Ejército de las calles, dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como Presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atienden algunas de las causas económicas de la inseguridad.Sin embargo, la desmilitarización no solo no llegó, sino que López Obrador apostó por militarizar al país.Tras la aprobación de su iniciativa durante la madrugada del jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional administrará a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que AMLO creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil, pero que no cumplió. Contrario a su dicho, las facultades de las Fuerzas Armadas crecieron bajo su égida, asignando a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado.Entre las funciones asignadas a militares este sexenio están la distribución de combustibles y fertilizantes; vigilancia de fronteras, detenciones de migrantes, control de puertos y aduanas, distribución y aplicación de vacunas; administración del Complejo Turístico de las Islas Marías, y la construcción y operación de obras como el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México.En materia migratoria, destacan tareas como el resguardo de estaciones migratorias y la inspección de documentos migratorios, que han sido asignadas a la Guardia Nacional y antes correspondían al Instituto Nacional de Migración.De igual forma, en cuanto al control de puertos y aduanas, comercio marítimo y comunicaciones y transportes por agua, son 15 las actividades transferidas a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.En seguridad pública, se continuó con la tendencia de militarización registrada en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con el traspaso de 42 actividades que antes coordinaban civiles en materia de prevención del delito, operativos e investigación, a personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).Desde su creación en 2019 hasta julio de 2024, la Guardia Nacional ha registrado mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución, las principales denuncias incluyen detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante, tortura, privación de la vida y desaparición forzada.Incluso se han documentado muertes derivadas del uso indebido de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional.En este contexto, Amnistía Internacional (AI) pidió al Senado de México detener la reforma que otorga control total de la Guardia Nacional al Ejército, tras su aprobación en la Cámara de Diputados el jueves. La organización afirmó que la medida impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador representa la culminación de la militarización de la seguridad pública, lo que considera un grave retroceso en derechos humanos.El organismo internacional destacó que la reforma modifica los artículos 129 y 21 de la Constitución, eliminando la garantía del carácter civil de las instituciones de seguridad pública.Mientras tanto, organizaciones civiles y políticos de oposición alertaron sobre una “militarización ilimitada”.La organización Causa en Común denunció en un pronunciamiento que la iniciativa busca “normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para los que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir”.La asociación, especializada en seguridad acusó al Gobierno de AMLO de “destruir a la Policía Federal y de asfixiar a las policías locales para convertir la militarización en un hecho inevitable”.La reforma aprobada establece que la Guardia Nacional sea parte de la Fuerza Armada Permanente, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.Entre los temas más riesgosos de este decreto se encuentra que, con la reforma al artículo 129, se permitirá que en tiempos de paz las autoridades ejerzan las funciones previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanen, lo que posibilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier aspecto de la vida pública, sin mecanismos de control y transparencia.Esta es la tercera reforma de las 20 que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo y que fue aprobada con la mayoría aplastante que tienen Morena y sus aliados en la Cámara baja.Cabe destacar la valiente participación del diputado jalisciense panista Miguel Ángel Monraz, quien aprovechó su espacio en tribuna para exhibir la contradicción del Presidente, de Morena y de sus aliados, al mostrar imágenes en las que algunos de sus miembros, entre ellos el Presidente López Obrador, y el dirigente nacional morenista, Mario Delgado, entre otras figuras de la Cuarta Transformación, reprochaban y se quejaban amargamente en otros sexenios de la militarización que ahora abrazan, celebran y aplauden como focas.opinión.salcosga@hotmail.com
