Las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara son la peor tragedia civil en la historia de la ciudad. Esa mañana más de ocho kilómetros de colectores de varias colonias de la ciudad explotaron luego de que combustible de Petróleos Mexicanos, presumiblemente gasolina, se filtrara a la red de drenaje. Se presume que debido a una falla, que hasta ahora no ha sido debidamente explicada ni mucho menos investigada, miles de litros de combustible se filtraron de las instalaciones que Pemex tenía en La Nogalera, lo que provocaron las potentes explosiones que dejaron, oficialmente, más de 212 fallecidos, 69 desaparecidos, y más de 1,800 lesionados. Además 1,100 viviendas, casi 500 comercios, 100 escuelas y 600 autos fueron dañados al paso de las explosiones.Las explosiones del 22 de abril dejaron también a cientos de lesionados de por vida. A pesar de la evidente responsabilidad estatal en las explosiones del sector Reforma, especialmente de Pemex, el Estado mexicano no ha asumido completa y plenamente su responsabilidad. Los damnificados y los lesionados permanentes siempre han tenido que luchar primero por una indemnización justa y, posteriormente, por una reparación del daño y atención digna.La magnitud de las explosiones siempre se ha propiciado también un uso político de la tragedia. Cuando ocurrieron las explosiones gobernaba todo el Estado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los partidos de oposición, especialmente Acción Nacional (PAN), responsabilizaron al partido gobernante de las explosiones, y decían respaldar las reivindicaciones de los damnificados. No es gratuito que las elecciones inmediatas a las explosiones, el PRI perdiera varias posiciones políticas y tres años después perdiera la gubernatura. Claramente el PAN se benefició de las movilizaciones de los damnificados. Pero en cambió, no cumplieron con los damnificados. Lilia Ruiz Chávez y su organización 22 de Abril en Guadalajara debieron llevar a cabo varias movilizaciones para que se creara el Fideicomiso de Apoyo y Seguridad Social (Fiass) para garantizar la atención médica, una pensión mensual y gastos funerarios para los damnificados y lesionados que ingresaran a dicho fideicomiso.Pero esos derechos siempre son puestos en duda por parte de distintos gobiernos. Desde el pasado lunes, los integrantes de la organización 22 de Abril en Guadalajara que encabeza Lilia Ruiz Chávez denunciaron que se pretendía modificar el convenio del Fiass, entre otras cosas modificando los montos de sus pensiones pasando de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización (UMA). En este momento, los lesionados del 22 de abril reciben una pensión mensual de tres salarios mínimos, por lo que el año pasado recibían 15,558 pesos mensuales. Lilia Ruiz y los lesionados temen que al pasar el monto de sus pensiones de salarios mínimos a UMA, pueden reducir sustancialmente sus ingresos. Denuncian además que ha bajado la calidad de la atención médica que reciben en la Secretaría de Salud de Jalisco, gracias al convenio establecido en el Fiass. Otra grave preocupación que tienen es que no se garanticen a perpetuidad los apoyos sociales que reciben. Aunque no se ha modificado el convenio en ese sentido, Lilia Ruiz sostuvo que el subsecretario de Gobierno del estado, Alain Fernando Preciado López, les dijo el pasado 14 de febrero de este año, que en cuanto se terminaran los recursos del Fiass, la atención a los damnificados cesaría. Tras las denuncias públicas lanzadas por la agrupación 22 de Abril en Guadalajara, el Gobierno del Estado emitió anoche un comunicado en el que sostiene que “se aumentará el apoyo económico a las y los afectados por las explosiones del 22 de abril”, informan que el Fiass tiene 15.8 millones de pesos y que va a seguir “garantizando una atención digna a todas las víctimas de esta tragedia”. Ojalá así sea y no una promesa de campaña más. No hay necesidad de que los afectados por una tragedia provocada por el Estado tengan que batallar cada año para recibir la atención y reparación del daño que por derecho y justicia les corresponde.Este Gobierno tiene recursos suficientes para dar espectáculo al pueblo, sea con festivales de luz, carruseles gratuitos, 50 millones de pesos al casco de “Checo” Pérez y gastar 10 millones de pesos en boletos para la pelea del “Canelo” Álvarez. En cambio, Lilia Ruiz sostiene que ésta es la administración estatal que peor los ha tratado. El Gobierno de Enrique Alfaro no debería regatearles el apoyo digno que merecen los damnificados del 22 de abril.
