Primero el gobernador dijo que cercenaba el presupuesto universitario para hacer un hospital en lugar del Museo de Ciencias Ambientales. Como esa versión no se sostiene, porque el gobierno de Jalisco tiene un subejercicio de 6 mil millones de pesos al cierre de 2021, más los 11,000 millones de pesos en deuda, la cambió́ diciendo que le quita dinero a la Universidad para detener los “malos manejos” de la por él calificada “camarilla” (antes su aliada) que la dirige.Secuestrar 140 millones que impiden terminar un museo (que antes apoyó) después de ser aprobados por el Congreso y violar con ello la división de Poderes y la autonomía universitaria con estridencia, no es la forma más efectiva para sanear una entidad pública. Si el método para acabar con la corrupción fuera retirarle los recursos a las instituciones de las que se sospechan malos manejos, poco le quedaría al gobierno del estado de los más de 139 mil millones de pesos que usufructúa a discreción.También se ha dicho que hay que construir sólo aulas y no museos. Clausurar todos los proyectos culturales de la Universidad no alcanzaría para incrementar sustancialmente su matrícula, ni aunque al hacerlo renunciara a cumplir una de sus funciones sustantivas, la extensión de la cultura, dejando de ser universidad para convertirse en una escuela de profesionistas.La verdadera razón de la embestida es que el gobernador condiciona la entrega de los recursos del museo a que la Universidad deje de cuestionar su incapacidad para brindar seguridad, detener las desapariciones, ofrecer alternativas al problema del agua o cancelar proyectos ilegales como Iconia. No tolera que se llame su atención por la opacidad en el manejo de la deuda ni que se cuestione la subordinación y sometimiento en que tiene al Congreso o su trato autoritario con la prensa, por mencionar sólo algunos de los puntos que más le irritan.La postura del Ejecutivo es clara: si se acaban las críticas, devuelve los 140 millones y termina el conflicto. Aceptar ese trato sería traicionar el espíritu de la universidad pública, no sólo en Jalisco sino en todo el país.Si el gobierno del estado realmente quiere que el ejercicio del presupuesto sea transparente y correcto, debería comenzar por transparentar y rendir cuentas de la deuda de 11 mil millones que contrajo, cumplir la evaluación de impacto a la que está obligado por ley y condenar que los diputados de su bancada voten en contra de que el comité́ ciudadano encabezado por Augusto Chacón comparezca ante el Congreso para cumplir con la obligación que el mismo gobierno se autoimpuso: “evaluar su impacto social y económico” y “poner el ejercicio de la deuda y sus efectos en una vitrina de cristal con los más altos estándares de transparencia”.Ayudaría también dejar de simular que existe un proceso técnico solvente en la selección de la empresa que construirá́ la línea 4 del tren ligero cuando de antemano la tienen pactada.La solución al conflicto es sencilla si hay congruencia: Que no condicione el presupuesto universitario a que se deje de criticar al gobierno. Que no viole la autonomía. Que no se comporte como el viejo régimen al que prometió́ combatir.
