El Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil es uno de los colectivos que más se ha destacado en la Zona Metropolitana de Guadalajara por poner el cuerpo y sus propios medios y recursos en la defensa de esa área boscosa, ubicada al norte de la urbe en Zapopan. Desde que se organizaron como colectivo en mayo de 2015, luego de que un grupo de mujeres del Nixticuil, decidieran parar maquinaria que estaba talando árboles en la zona, los integrantes del Comité Salvabosque ha enfrentado diversas presiones, agresiones y persecuciones.Lamentablemente las presiones que usualmente reciben han escalado hasta un intento burdo de criminalizar su lucha. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT) dio a conocer el pasado 6 de julio que “las empresas Jarha S.A. DE CV y Construvida SAPI. de C.V. están haciendo uso de las instituciones de justicia para amedrentar y criminalizar a las y los defensores del Bosque El Nixticuil”, pues presentaron denuncias contra los siguientes integrantes del Comité Salvabosque: Velvet Ramírez, Martín Ruvalcaba, Héctor Aguilar Farías, Sofía Herrera, Ana Elizabeth Cabral Pacheco y Juan Carlos Flores Solís.Estos defensores del bosque el Nixticuil, están denunciados en varias carpetas de investigación “como una estrategia de criminalización por denunciar violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano mediante juicios de amparo”. Es tan burdo este montaje de criminalizar a los defensores del territorio que ni siquiera se les notifica oficialmente de que están siendo imputados de un delito, lo cual vulnera sus derechos de defensa. Por esta razón la RTDT exige “se garantice el derecho al debido proceso de las personas involucradas en las carpetas de investigación y se les permita pleno acceso a las mismas”.Lamentablemente, los integrantes del Comité Salvabosque no son los únicos que padecen los intentos de criminalizar su lucha por la defensa del territorio. Prácticamente todas las luchas por la defensa de espacios públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara han enfrentado diversos modos de criminalización y persecución. Lo padecieron los vecinos de Arcos de Guadalupe en Zapopan cuando les arrebataron la mitad de un parque público para destinarlo a un desarrollo inmobiliario y comercial. La criminalización la han padecido los vecinos de Jardines de la Paz que resisten un mega desarrollo inmobiliario del Grupo San Carlos y una obra hidráulica que el Gobierno tapatío pretende llevar a cabo en el parque San Rafael. Los vecinos de Tonalá que se organizaron para defender el cerro de la Reina en otros momentos han denunciado persecución y amenazas.La criminalización contra defensores del territorio no ocurre sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como pueden dar fe todos los pueblos originarios que existen en Jalisco: los wixárikas en el norte del Estado, los cocas de Mezcala en Poncitlán, los pueblos de la Barranca del río Santiago, la comunidad de San Juan de la Laguna en Lagos de Moreno, han sido amenazados, perseguidos, encarcelados, y lamentablemente asesinados y desaparecidos, como ha padecido la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.Por lo regular, las presiones vienen directamente de los sujetos (personas o corporaciones) que buscan despojar y ocupar el territorio con fines de valorización del capital que pretenden invertir, pero lamentablemente los gobiernos suelen ponerse de lado de quienes despojan e invaden tierras y bienes comunes.Pero los ataques o amenazas a veces son perpetrados por sujetos del crimen organizado, como han padecido comuneros de los pueblos de la Barranca, o recientemente el sacerdote Alberto Pérez fundador de la Casa del Migrante en la parroquia de la Señora del Refugio en Tlaquepaque, quien ha sido amenazado por lo que desde hace dos años recibe seguridad de parte del Mecanismo de Protección Defensores de Derechos y Periodistas. Hace poco lo obligaron a quitar un cartel en la entrada de la parroquia con una lista de más de 50 desaparecidos en la zona.Las amenazas de llevar ante a la justicia federal a los integrantes del Comité Salvabosque El Nixticuil forman parte de esta estrategia de criminalización contra de defensores del territorio, estrategia que debe ser rechazada tajantemente y al mismo tiempo cuestionar que el aparato de procuración de justicia del Estado que se pone al servicio de las corporaciones privadas que afectan, despojan y devastan los bienes comunes en todo el estado. Alto a la criminalización contra todos los defensores del territorio.
