La libertad de expresión es uno de los fundamentos de la democracia. Está presente en la revolución francesa como uno de los derechos universales y está en la famosa primera enmienda de 1791 cuando 15 años después de la Constitución de independencia estadunidense se estableció el derecho a la palabra y a la creencia como parte esencial de las libertades. En la libertad de expresión están implícitos los derechos de libertad de palabra o discurso (decir lo que se quiera decir), la libertad de prensa (publicar y difundir lo que se desee), la libertad de reunión (juntarse con quien se quiera para los motivos que se quiera) y de petición (exigir al gobierno ser escuchado en las demandas).La libertad de expresión puede ser vulnerada por las instituciones del propio gobierno o por personas o grupos particulares, pero es el Estado quien debe garantizarla. Cuando un grupo con poder, legítimo o ilegítimo, coarta o amenaza la libertad de las personas a decir, publicar, reunirse o exigir a un gobierno, es el Estado, comenzando por el presidente que lo encabeza, quien debe responder y garantizar el restablecimiento del derecho.Para el presidente no se trata, pues, de solidarizarse, en una rueda de prensa, con las personas que han sido amenazadas por un grupo criminal, como es el caso reciente de Azucena Uresti, sino de la responsabilidad de garantizar que esto no suceda. El presidente dice que se atendió el problema porque el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, habló con la periodista amenazada públicamente por alguien que se autodenomina líder del Cartel Jalisco. Qué bueno, ese es su trabajo, pero la pregunta es qué está haciendo el Estado para evitar que los grupos de poder, los que sean, coarten la libertad de los ciudadanos.El crimen organizado tiene como una de sus características para el ejercicio del poder generar miedo. Por y para eso matan, amenazan, desaparecen, secuestran y difunden sus acciones. Cuando ante una amenaza el Estado no responde, como ha sucedido no sólo en este sexenio sino a lo largo de los últimos 20 años, las mafias, sean de cuello blanco o con uniforme de campaña, coartan la libertad de expresión de todos. Esto es, la amenaza a una periodista con nombre y apellido no sólo compromete su integridad -y cuidar su vida debe ser prioridad-, sino que coarta la libertad de todos. No estamos hablando de la libertad de los periodistas, particularmente los periodistas que trabajan temas de crimen organizado, sino la libertad de cada ciudadano de cada rincón del país.El combate al crimen organizado no es un tema de más o menos abrazos y balazos, sino de defensa de libertades esenciales de una democracia.diego.petersen@informador.com.mx
