El 16 de febrero de 2017 decenas de miles de inmigrantes salieron a las calles a protestar -dejaron de laborar- y formaron parte de un boicot para demostrar la importancia que tienen en el desarrollo económico de Estados Unidos. El desafío que provocó esa reacción, fueron los planes del ex presidente Donald Trump de construir un muro fronterizo y potencialmente deportar a millones de inmigrantes indocumentados.La protesta no hizo mella en la Casa Blanca, pero sí golpeó significativamente la vida cotidiana y tuvo un efecto importante en la producción y por ende en la economía.El lunes pasado en Milwaukee, Wisconsin, poco más de 150 negocios de origen hispano cerraron sus puertas y dueños y empleados salieron a las calles para presionar a los demócratas en el Congreso para que se abra el camino a la ciudadanía para millones de personas. Demostración que se repitió -a menor escala- el martes en Chicago y Miami.“Un Día sin Latinos’, como se le denomina al movimiento, quiere la regularización de inmigrantes sin documentos se incluya en el ‘paquete de reconciliación del presupuesto’ -que beneficia a la hacienda pública-, que es una herramienta que facilita la aprobación de una legislación en el Senado, donde no se somete a una votación normal donde con 60 votos se logra la aprobación, sino con una mayoría simple de 50+1 -que los demócratas tienen con sus 50 senadores y el voto de la vicepresidenta Harris como presidenta de la Cámara-.El 18 de febrero -a menos de un mes de haber tomado posesión- el presidente Joe Biden envió al Congreso su ambicioso proyecto de reforma migratoria -una de sus principales promesas de campaña- con la intención de darle ciudadanía a casi 12 millones de personas que están en ‘en la oscuridad’ de la ley, pero que son parte de la maquinaria económica del país. Sin embargo, dentro de las prioridades en el Congreso, está darle salida a la millonario propuesta de la ley de infraestructura que está en discusión y ajustes, lo que ha dejado de lado el proyecto migratorio. Es por ello que las organizaciones civiles con estas protestas piden que la regularización de inmigrantes sea parte del paquete de infraestructura.Un retraso más en las intenciones de regularizar a millones de migrantes -después que en la administración Obama se prometiera y no se cumpliera- sería fatal para Biden y los demócratas. Hay que recordar -como lo publicó el Instituto de Investigaciones Pew- que en la elección de noviembre pasado Biden ganó entre los hispanos con un margen de casi 20 puntos sobre Trump, y el ahora expresidente consiguió el respaldo del 38 por ciento del voto hispano frente al 28 por ciento que lo habían apoyado al republicano en 2016, lo que habla de que este sector de la población está cambiando y atenta a las señales que vienen de Washington.Por supuesto, esto preocupa a la Casa Blanca que hace un esfuerzo extraordinario por llevar a la discusión la inclusión de la regularización migratoria como parte del paquete de reconciliación o bien que se acelere la difusión de la reforma en el pleno, porque de otra manera los comicios del año próximo y la elección presidencial del 2024 serán la lápida y la tumba de los demócratas. ¿Usted, qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net
