La gesta en contra de la corrupción y la impunidad requiere de leyes claras, coherentes y de instituciones fuertes y comprometidas con el Estado en lugar de con el gobierno en turno; éste es un estado ideal de cosas al que aspiramos y sobre el que hemos venido construyendo desde hace décadas, integrantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y no pocos del sector público, aún estamos lejos de la meta, pero tenemos claro el rumbo. Sin embargo, hay ocasiones en que pueden darse pasos para atrás o en la dirección equivocada, algunas veces por un diagnóstico equivocado, pero comúnmente ocurre más por la oposición soterrada a que las cosas cambien.La verdadera prueba de la voluntad de cambio no se encuentra en los ardientes discursos de los políticos cuando están en la oposición, sino en las medidas que toman cuando llegan al poder y más aun, a las renuncias que están dispuestos a conceder al margen de discrecionalidad que prevalece a su arribo. Mantener las cosas como están, o peor aún, forzar retrocesos en terreno ganado por la sociedad, es contrario a un espíritu democrático mínimo.El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco nace en concordancia con el mandato constitucional que obliga a los estados contar con un diseño coherente con el modelo nacional, compuesto por un Comité Coordinador de instituciones y presidido por una representación ciudadana cuyos integrantes deberían ser electos indirectamente a través de una Comisión de Selección. Intentos por “innovar” como ocurrió en los estados de Baja California y San Luis Potosí contribuyeron al naufragio de sus Sistemas y mantienen al estado fronterizo en el indiscutible sótano.La “innovación” bajacaliforniana, rechazada por la SCJN al conceder razón a la controversia constitucional interpuesta por la CNDH, consiste en el argumento franciscanamente demagógico que para ser puro hay que ser pobre, o por lo menos no recibir una contraprestación por los servicios otorgados. Esta intención menosprecia la carga de trabajo, cualificación requerida y fortaleza necesaria para decirle que No al poder cuando éste se extravía.Es sabido en todo México que muchos Comités de compras con representación privada y social honorífica, tienden a guardar silencio en espera de recompensas diferidas o ante el temor de ser vetados del banquete de las adquisiciones públicas.Honorable no es sinónimo de honorífico, algunos diputados harían bien en consultar cualquier diccionario o ser congruentes dejando de cobrar la dieta por una representación que usufructúan para intereses superiores, pero no el de la ciudadanía.Ahora bien, un talón de Aquiles de no pocos Sistemas es la captura parcial y a veces mayoritaria de Comisiones de Selección que ceden a las recomendaciones desde el poder para ubicar a comisionados que no cumplen con el perfil profesional o ético que la posición demanda; sin embargo, tirar el agua sucia con todo y el niño no es la solución a nuestro problema. Debe exigirse más de la selección de estas Comisiones y de la selección que estas a su vez hacen, transparentar su metodología y trabajo, exigir claridad ante manifiestos conflictos de interés y apoyarlos con lo necesario para tan compleja e importante labor.En Jalisco hay ejemplos recientes de una voluntad de renuncia a los beneficios del poder desde el cargo de mayor importancia. La reforma que colocó a Jalisco en un lugar notable a nivel nacional provino de mesas de trabajo ciudadanas, coordinadas por la Contraloría, pero tomando nota y accediendo a las demandas planteadas por la sociedad involucrada, ello por instrucciones precisas de su superior, a quien no le faltaban voces que aconsejaban la simulación. El resultado final sin embargo muestra que mantuvo su palabra.Previamente en 2015 el Ejecutivo de Jalisco vetaría una legislación regresiva del derecho al acceso a la información, acompañado por varias organizaciones de la sociedad civil, universidad y organismos empresariales. Cabe mencionar que dicho dictamen también habría sido operado por intereses al servicio del status quo, pero la voluntad política a ceder en bien de todos llevó a prevalecer sobre los intereses de siempre.Hablando de lo que me consta directamente y contra muchas críticas de su círculo cercano, el gobernador retiró su apoyo a una terna para Fiscalía Anticorrupción conformada por perfiles discordantes a la opinión técnica del CPS. Evidentemente esta acción motivaría fricciones y desgaste que no reparó en afrontar. A todo político hay que señalarle sus errores, pero menoscabar los méritos sería intrínsecamente deshonesto.En la sesión del pasado lunes 29 de agosto, la dupla MC / PAN en el Congreso del estado aprobó un sinsentido revanchista que será combatido y seguramente revertido por los precedentes mencionados. Falta aún la publicación para que sea ley, por lo que la posibilidad del veto aun recae en manos del gobernador, quien seguro se enfrentará a la coyuntura que tuvo su predecesor, hago votos porque sopese la circunstancia en la que se encuentra y que opte por la congruencia, que frecuentemente acarrea un costo importante pero que siempre vale la pena sufragar.
