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Corrupción migratoria criminal

Por: Jaime Barrera

Corrupción migratoria criminal

Corrupción migratoria criminal

En junio de 2018, una semana antes que Andrés Manuel López Obrador arrasara en las elecciones en su tercer y definitivo intento de llegar a la Presidencia de México, la legendaria revista TIME ilustraba como nadie el momento más crítico que tuvo Donald Trump por la crisis migratoria que habían causado su políticas xenofóbicas de cero tolerancia hacia los inmigrantes.

“Welcome to America”, tituló la influyente publicación estadounidense en su imponente portada en la que aparecía Trump mirando indiferente hacia abajo a una niña hondureña de dos años, que se había hecho famosa por ser una de los dos mil 300 menores que fueron separados de sus familias migrantes y confinados en jaulas, en las cinco semanas que su Gobierno mantuvo esta brutalidad y que se vio obligado a suspender por la condena dentro y fuera de Estados Unidos.

La severa ola de críticas que se ganó Trump fue factor decisivo para orquestar toda una serie de presiones para que fuera el Gobierno mexicano el que se hiciera cargo de los inmigrantes mientras ellos decidían quién podía entrar a suelo estadounidense con criterios cada vez más estrictos.

Pese a la retórica nacionalista del Presidente, el Gobierno de la 4T cedió a la amenaza de los aranceles del Gobierno de Trump, y cambió radicalmente de la política migratoria de brazos abiertos que prometió como candidato a la de la utilización de la recién creada Guardia Nacional para obstaculizar el paso de migrantes en la frontera sur.

Así, la crisis migratoria se trasladó, como nunca antes, a México y se fue agravando hasta escalar a la más reciente tragedia migrante del pasado lunes 27 de marzo, en la que han muerto hasta ahora 40 centroamericanos y sudamericanos en tránsito que fueron literalmente recluidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), que están lejos de funcionar como albergues.

Lo que ha dejado al descubierto la negligencia criminal en el INM no sólo son las inconsistencias en la política migratoria de la 4T, sino el fracaso en la lucha anticorrupción que es la principal bandera del Gobierno lópezobradorista.

En vez de erradicar los abusos y las corruptelas en el INM que se han padecido desde siempre y que ya habían provocado tragedias previas como las fosas clandestinas de migrantes en Tamaulipas, o los tráileres abandonados por las bandas de trata, conocidos como “polleros”, en el México de la cuarta transformación los migrantes han seguido padeciendo una larga cadena de atropellos no sólo de parte de los gobiernos sino también de los grupos del crimen organizado, que aunque el Presidente lo niegue, tienen el control en amplias regiones del país. 

Por eso, además de revisar y corregir junto con Estados Unidos la estrategia y las políticas para dar un trato digno a los migrantes, la 4T deberá erradicar, pero ahora sí en los hechos y no sólo en el discurso, la corrupción del INM, antes que sobrevenga otra nueva tragedia que cobre más vidas de quienes sólo buscan las oportunidades que no tienen en sus países de origen, o de los cuales huyen por las crisis de inseguridad y violencia.

Para lograr esto, el Gobierno mexicano debe hacer mucho más que nombrar al padre Solalinde para jubilar al INM, y para hacer olvidar la tragedia migrante de Ciudad Juárez que ya empezó a denunciar el Gobierno salvadoreño al exigir cárcel para los funcionarios responsables de la política migratoria en México.

jbarrera4r@gmail.com

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