Como lo hemos consignado aquí en distintos momentos, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que nació hace ya casi un año, ha ido perdiendo impulso y se encuentra a punto de la parálisis.Así lo confirma el segundo informe del Observatorio Ciudadano Permanente de este nuevo modelo de combate a la corrupción y a la impunidad en construcción, que se dio a conocer este martes, y que revela entre los obstáculos los poco claros manejos que hubo en la partida presupuestal 7991, de 60 millones de pesos, y que se etiquetó como Provisiones para Erogaciones Especiales de la Implementación del Sistema Anticorrupción, de la Unidad Presupuestal y Unidad responsable de la Contraloría del Estado.Esta opacidad agrava aún más la situación del financiamiento a cuentagotas que se la ha dado a las nuevas instancias del SEA, como el Comité de Participación Social y la Fiscalía Anticorrupción. El presupuesto siempre ha sido poco para estas dependencias, por lo que sería gravísimo que se demuestre algún mal manejo de esta partida destinada justamente para crear el SEA. Sería el colmo del cinismo descubrir corrupción en el origen del sistema anticorrupción. Hay dudas, por ejemplo, en el pago en 2017 de dos millones 470 mil 502 pesos a 15 abogados a petición de Avelino Bravo Camacho, entonces director jurídico de la Contraloría y ahora presidente de la Sala Superior del Tribunal Administrativo e integrante del Comité Coordinador del SEA. También hay poca claridad en otro pago por una idéntica cantidad, por concepto de consultorías para la implementación del “proyecto de la planeación integral del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Jalisco”, así como por el pago de cuatro millones 795 mil pesos de “Software para red: Infraestructura en la nube para Entrega Recepción Constitucional”.En este segundo informe, el Observatorio cuestiona con toda razón: ¿Dónde están los entregables y productos de las consultorías, el software especial y el resultado de pago de esos honorarios?Se preguntan, además, dónde están los fondos restantes de esa partida inicial de 60 millones de pesos, ya que sólo 11 millones 350 mil 146 pesos se han justificado.Las autoridades responsables del Gobierno estatal que hicieron estas erogaciones deben dar respuesta y aclarar o deslindar responsabilidades cuanto antes. Así como informar a detalle cómo se ha ejercido el presupuesto de 40 millones de pesos asignado al SEA para 2018, como también los solicitó el Observatorio.En este segundo informe se exhorta también a los diputados y diputadas a hacer las armonizaciones legales y reglamentarias pendientes; y plantean la necesidad de que los entes del SEA (Comité de Participación Social, Auditoría Superior, ITEI, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, Tribunal Administrativo y Consejo de la Judicatura) agilicen su organización, trabajo y coordinación. Pero sin duda lo vital para el nuevo Sistema Anticorrupción es aclarar las dudas en el manejo financiero para su creación. Ya sólo eso nos faltaba.
