Todos los mandatarios de México han tenido la pretensión de inscribir su nombre en la historia del país, y aunque todos quieren pasar a la memoria colectiva como buenos gobernantes, la mayoría fracasa y son recordados por sus errores y defectos antes que por su contribución a la patria. Andrés Manuel López Obrador no ha escapado a esta tentación. Y de hecho se anticipó a muchos mandatarios al tratar de grabar su nombre atado a un momento de alcance histórico al llamar a su Gobierno el de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, apenas atrás de la Independencia, la Reforma y la Revolución. De ese tamaño se percibe López Obrador en su paso como Presidente de México.Congruente con su visión de cómo pretende ser recordado, López Obrador rompió la costumbre de honrar la Constitución del país cada 5 de febrero en el teatro de Querétaro donde se discutió y promulgó la Carta Magna en 1917. Desdeñó ese evento al que usualmente concurren los representantes de los tres poderes públicos y los gobernadores y en su lugar preparó como escenario la vieja sede del Poder Legislativo en Palacio Nacional, para presentar un paquete de 20 reformas constitucionales. Varios colegas opinadores han interpretado esta iniciativa de López Obrador como mera jugada electoral que lo pone como actor central en las campañas. La lectura es que el Presidente no cuenta con los votos suficientes de dos terceras partes de los legisladores (diputados y senadores) para alcanzar los cambios constitucionales, y que en consecuencia la idea del Mandatario es poner contra las cuerdas a los partidos de oposición al denunciarlos de que no quieren reformas que pueden ser benéficas para la mayoría, como garantizar salarios mínimos por arriba de la inflación o una pensión digna para los trabajadores que lleguen a la edad de jubilación.Pero creo que sería erróneo ver el paquete de reformas solamente en clave electoral. De hecho deben verse las reformas justamente como un paquete que difícilmente se apruebe todo o se rechace todo. De hecho ya la oposición priista y panista ha anticipado que apoyaría las reformas en pensiones y al salario.Equivocadamente el análisis y reseñas periodísticas se han centrado en apenas cuatro de las 20 reformas propuestas por López Obrador. Son las que tienen qué ver con los poderes públicos como eliminar los legisladores plurinominales (200 diputados y 64 senadores), elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros y eliminar los organismos autónomos.Pero la mayoría son de corte social, como el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos, garantizar pensiones y becas; atención médica gratuita; vivienda de los trabajadores; la del salario mínimo ya comentada, así como la de modificar el régimen de pensiones de 1997. En total son nueve de las 20 reformas. Hay dos que han pasado casi desapercibidas pero que apuntan a limar las aristas más devastadoras del modelo extractivista. Se trata de las iniciativas para prohibir el fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto; además de respetar las zonas con veda de agua y garantizarla solo para uso doméstico.Las reformas restantes hablan de prohibir el maltrato de animales; prohibir el comercio de vapeadores y drogas como el fentanilo; garantizar el servicio de trenes de pasajeros; y finalmente integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de los cambios más preocupantes porque apuntan a consolidar la militarización del país. Como puede apreciarse, el conjunto de las reformas escapan a la mera lógica electoral, puesto que habrá varias de ellas que incluso sean aprobadas por la oposición y otras de plano rechazadas, como la eliminación de las plurinominales que son el botín más preciado para los “Alitos”, “Markitos”, los “Chuchos” y los “Dantes” que controlan la partidocracia. Pero el conjunto de las reformas, además de incidir en la contienda electoral, buscan el legado de López Obrador en la historia, es decir imprimir el sello de la 4T en la Constitución. Pronto sabremos si se cumple esta ambición.
