La inoperante reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la coartada de que era para defender el derecho de las audiencias y que obligaba a los concesionarios a que los periodistas y comunicadores distinguieran explícitamente lo que era opinión y lo que era información en los programas de contenido noticioso, quedó ayer invalidada por unanimidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Se conjuró así lo que apuntaba a ser un instrumento legal más de control del poder al ejercicio de un periodismo libre, independiente y crítico, que tanto fastidia a la mayoría de la clase política y gubernamental en este país.De cualquier forma habrá que estar pendientes de si desde el Poder Legislativo buscan otra intentona para lograr contar con este recurso de intimidación, posibilidad que quedará latente, ya que no se entró al debate de fondo sobre el tema. Esto, ya que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán basó su fallo en diversas acciones de anticonstitucionalidad por violaciones en el proceso legislativo en el Senado, como el hecho de que el dictamen se avaló sin las lecturas previas obligadas y porque no se publicó en la gaceta del Senado 24 horas antes de su debate, entre otras.El riesgo de que revivan un reforma similar queda ahí también porque el proyecto original de Pérez Dayán proponía dar seis meses al Congreso de la Unión para enviar una nueva iniciativa para “armonizar” los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación”, pero por fortuna, en la sentencia final sólo aprobaron anular el decreto.Así, pues, por el momento es por donde se le vea una buena noticia que este fuego legal de los juzgadores del Poder Judicial con el que pretendían obstaculizar el trabajo de los periodistas de radio y televisión no se haya unido a la tragedia que vive el gremio periodístico en México, país que en los últimos años se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el oficio.Porque no sólo son las amenazas, agresiones y crímenes causados por la delincuencia organizada y otros poderes fácticos, y la indiferencia que raya en la complicidad de las autoridades de todos los niveles que incumplen su obligación de garantizar la seguridad no sólo de la prensa, sino de la ciudadanía en general. Iniciativas como la aprobada en 2017, que había sido ratificada en enero pasado en una sentencia de la Primera Sala de la SCJN, limitan el derecho de la libertad de expresión y debilitan la democracia como pasa en países dictatoriales como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y China, en donde las leyes mordaza se aplican todos los días. jbarrera4r@gmail.com
