En la pasada elección intermedia del 2015, el gran logro de las organizaciones de la sociedad civil fue el lanzamiento de la Ley 3de3, que retaba a los entonces candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a los puestos de elección popular en las entidades, a publicar en un portal digital abierto a cualquier interesado, su declaración patrimonial, la de impuestos y la de posibles conflictos de interés. Esta última, que fue la más novedosa, consiste que en cada aspirante aclare si tiene o no participación en alguna empresa o negocio que pudiera convertirlos en juez y parte a la hora de hacer alguna adquisición para el sector público, o a la hora de legislar algún tema del que fueran actores interesados.Esta iniciativa empujada por Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, universidades y organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, encontró fuertes resistencias en la clase política, pero fue un instrumento que alentó la competencia electoral. Los candidatos que iban abajo en las encuestas aceptaban la invitación y retaban a sus adversarios políticos a hacerlo, sabedores de que al negarse, pagarían un alto costo político. El ejemplo más reciente ocurrió ayer que José Antonio Meade reforzó la suya con lo que llamó su 7de7 y al desafiar a sus contendientes presidenciales a discutir públicamente su patrimonio. Hoy se sabe, además, que en las elecciones del año pasado no ganó ningún candidato o candidata que no haya publicado su 3de3.Al término de las elecciones del 2015 y por lo alcanzado con este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la siguiente fase fue llevar la iniciativa al Congreso para que se legislara, y evolucionarla de una petición voluntaria en su cumplimiento, a una que se convirtiera en obligación constitucional. Lo primero que se hizo fue convocar a los ciudadanos para respaldar con su firma esta medida y llevarla como iniciativa ciudadana al Congreso. Se obtuvieron más de 291 mil firmas y diputados y diputadas no tuvieron más remedio que recibirla, y pese a múltiples resistencias, aprobarla parcialmente en el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).Para completar esta faena civil, además de vigilar los términos en que el Comité de Participación Ciudadana del SNA defina los formatos para abrir las 3de3 de los funcionarios, debemos aprovechar el actual proceso electoral, el más grande de la historia del país, para relanzar este instrumento exigiendo su cumplimiento a todos los candidatos y, en breve, exigir que se legisle para que se incluya en la Ley Electoral y no sea sólo obligatorio para funcionarios, sino para todo candidato y sus equipos de campaña. En un país donde campea la corrupción, la 3de3 es indispensable para combatirla.jbarrera4r@gmail.com
