La insaculación de 711 cargos de jueces y magistrados realizada el sábado en el Senado de la República como parte de la polémica reforma judicial, representa un claro retroceso en el equilibrio de poderes y un ejemplo de improvisación legislativa. La falta de consenso y la ausencia de transparencia en este proceso han generado fuertes críticas, tanto de la oposición política como de analistas y juristas, quienes lo consideran un ataque directo a la independencia del Poder Judicial.Este sorteo, que define qué cargos se someterán a elección popular en 2025, ha sido duramente cuestionado por su falta de respeto a las disposiciones constitucionales y la manipulación de los mecanismos de selección. El PAN y Movimiento Ciudadano de plano decidieron no asistir al proceso, denunciando que no se siguieron los cauces legales adecuados, y acusaron a Morena de utilizar la reforma como una herramienta para controlar el sistema judicial, vulnerando su independencia y autonomía.Uno de los puntos más controvertidos es que la insaculación, un método que en apariencia busca la transparencia, se realizó bajo una sombra de dudas y modificaciones ad hoc que alteraron el proceso sobre la marcha a tal grado que tanto a los involucrados como a las 7 personas que siguieron su transmisión por el canal del Congreso, les resultaba imposible no encontrar una gran similitud entre lo que estaban presenciando con lo que sucede cada que alguien trata de divertirse jugando un juego de mesa con su familia del que naturalmente nadie ha leído las reglas a pesar de tener toda la vida jugándolo, ante cualquier controversia se improvisa (naturalmente siempre en favor del afectado) y persiste la opinión del que exprese su argumento con mayor seguridad.Un claro ejemplo de la falta de claridad y previsión que llevó a decisiones de último minuto, fue el cambio en los plazos de algunas juezas embarazadas o lactantes, poniendo en evidencia la absoluta falta de planificación y conocimiento de las propias leyes que impulsaron.Las críticas no se limitan a los partidos de oposición; expertos y académicos señalan que esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema judicial, como la corrupción o la falta de acceso a la justicia, sino que se enfoca en cambios que pueden tener fines políticos. Al someter a jueces y magistrados a un proceso electoral, se corre el riesgo de que la justicia sea influenciada por agendas partidistas, lo que contraviene el principio básico de imparcialidad que debe regir en la administración de justicia.A pesar de la insistencia de Morena y sus aliados en que este proceso democratizará al Poder Judicial, la manera en que se está implementando genera más sospechas que confianza. La creación de comités de evaluación conformados por los tres poderes—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—y la reducción de candidatos mediante un segundo sorteo, no parece garantizar que los mejores perfiles sean seleccionados. Más bien, abre la puerta a manipulaciones políticas que pongan en riesgo la esencia misma de la justicia, ni hablar del enorme interés que puedan tener grupos de poder que pueden ir desde firmas de abogados y empresarios hasta la delincuencia organizada.En definitiva, lo ocurrido en el Senado con este sorteo de plazas judiciales es un síntoma de una reforma judicial que, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo somete a las dinámicas políticas del momento y ni siquiera los que las proponen entendieron las dimensiones de su implementación; la insaculación era la parte más sencilla de todo lo que implica dicha reforma y aun así se convirtió en un circo. Que Dios se apiade de los ciudadanos el día de la elección.
