Comencé con esta pregunta: -Quiero entender la arquitectura del negocio de los gruyeros -le pedí a mi fuente. -La arquitectura del negocio es que no hay arquitectura. Es un desmadre -me respondió. Esta historia inició el fin de semana pasado. Una grúa se llevó la camioneta de una amiga por estacionarse en zona prohibida en la Colonia Americana. Pagó 510 pesos de multa, 710 pesos del resguardo en el corralón y cuatro mil 060 del arrastre de la grúa. Además hizo filas en ventanillas y presentó trámites durante siete horas en dos extremos de la ciudad. No hay otra forma de describirlo: vivió lo que se llama un evento catastrófico.¿Cómo fue posible? ¿Qué ocurrió? ¿Quién es el responsable? No pretendo deshilvanar un mundo kafkiano trágicamente absurdo. Se mezcla la burocracia, la corrupción, la extorsión y la omisión institucional. Están involucrados dueños de grúas, policías viales y funcionarios estatales. Todo junto.Increíble, pero esto se repite en la Zona Metropolitana de Guadalajara todos los días un centenar de veces, al menos, según mi fuente. O quizá más porque ese apenas es el promedio de vehículos que caen al corralón. Muchos ni siquiera llegan al depósito vehicular porque extorsionan al conductor antes de llevarse el auto. El desorden que habilita este negocio ilícito comienza por la falta de un padrón oficial de gruyeros y un sistema automatizado y centralizado para que la autoridad asigne servicios de grúa. Nadie, por inexplicables pero lucrativas razones, ha podido hacer esto en dos sexenios. Ejemplifico cómo funciona. El policía vial, solo o en operativo, ubica un coche mal estacionado. Vía WhatsApp o celular llama a una grúa. Pero no cualquiera sino a su compadre o socio gruyero. Este último, sin permiso, sin una tarifa autorizada y sin supervisión de alguna autoridad, cobra lo que se le antoja. Para fijar el costo considera la marca del auto, si es de lujo o austero, el sexo de la persona conductora y otros elementos. Por ejemplo, un auto de lujo, conducido por una mujer turista y con placas foráneas paga mucho más que un Tsuru local conducido por un hombre. Cobran entre cuatro y hasta 16 mil pesos en casos extremos. Según el sapo es la pedrada. Sólo aceptan pago en efectivo porque de ahí se reparte dinero a toda la cadena de custodia de la corrupción. Un servicio de grúa dentro de la ciudad, según asociaciones de gruyeros, no debe costar más de mil 200 pesos. Otro escenario. El policía vial solicita la grúa a la llamada Cabina Única que depende de la Secretaría de Seguridad del Estado y se encuentra en la Secretaría de Transporte. Da igual porque al no haber un tarifario actualizado (responsabilidad de Transporte), ni un sistema automatizado, ni un padrón, la asignación se hace a discreción. La “Cabina Única” es en realidad algún burócrata sentado en un escritorio con varios teléfonos de grúas que asigna según su remoto criterio. Un sistema altamente corruptible también. Me disculpo por la siguiente cuenta de paletero. Pero si calculamos cien servicios diarios en promedio de grúas a cinco mil pesos estamos hablando de un negocio de más de 180 millones de pesos anuales. La vox populi dice que detrás del negocio hay comandantes y ex comandantes de la Policía Vial. Supongo que habrá también altos funcionarios que por acción u omisión son cómplices. Acabar con esta mafia sería muy sencillo. Que Diego Monraz de Transporte publique el tarifario y la norma técnica a la brevedad como marca la nueva Ley de Movilidad. Y luego que la Secretaría de Administración, al final la rectora de los depósitos vehiculares, a donde termina la gente tras la agonía, implemente un sistema electrónico de asignación de grúas a partir de un padrón oficial. Este puede funcionar con un algoritmo tipo Uber para asignar los servicios, eliminar la discrecionalidad y realizar los trámites en línea para evitar la burocracia. Es muy sencillo. Pero nadie, por inexplicables pero lucrativas razones, ha podido hacer esto en dos sexenios. jonathan.lomelí@informador.com.mx
