Comenzamos este año como terminamos 2021, con el interminable conflicto de AMLO y la 4T contra el INE.Ahora el espacio del conflicto es el presupuesto.Imagine el siguiente escenario. Suponga que la Cámara de Diputados recorta el 100 por ciento del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Como reacción a ello, considere que el INE señala que no está en capacidad de organizar las elecciones que corresponden a este año.Y entonces viene el reclamo del Poder Ejecutivo que dice que se están violando los derechos constitucionales de los ciudadanos por la negativa del Instituto a organizar las elecciones.Obviamente se trata de un caso que no ocurrió, pero sirve como ilustración de un problema constitucional de fondo que ha estado presente en el enredado debate de la revocación de mandato y su organización.La Constitución les asigna a los organismos autónomos responsabilidades específicas.El Ejecutivo envía una propuesta de presupuesto que manda a la Cámara y que integra los presupuestos enviados por ellos. La Cámara de Diputados tiene la potestad de modificar esos presupuestos.En el caso de los órganos autónomos, si consideran éstos que las asignaciones definidas por la Cámara son incompatibles con el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pueden llevar el caso a la Corte o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).La sentencia del Tribunal respecto al INE la semana pasada, por una parte, limita el margen del Consejo General del INE, señalando que no tiene autoridad para suspender la revocación de mandato.Pero al mismo tiempo, convierte a la Secretaría de Hacienda en sujeto vinculado, señalando que el INE tiene que requerir los recursos que necesita y Hacienda debe responder en tiempo perentorio a la solicitud.No sabemos si la consulta por la revocación de mandato habrá de realizarse, pues aún no se ha determinado que exista el número de firmas válidas requerido en al menos 17 entidades de la República.A la fecha se han validado 1 millón 488 mil firmas, el equivalente al 54 por ciento de las requeridas y solo en 11 de las 17 entidades necesarias se ha logrado el porcentaje necesario. Por ejemplo, en Jalisco solo se consiguió el 7.6 por ciento de lo que se requiere. Pero el INE tiene que continuar con los preparativos y pedir a Hacienda los recursos adicionales que necesita.La discusión que vendrá en la Corte cuando se discuta el fondo del asunto va mucho más allá de este caso.Se trata de la corresponsabilidad del Ejecutivo en el cumplimiento de las obligaciones de los órganos constitucionalmente autónomos.Hasta ahora no hay una respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, que seguramente se presentará en los siguientes días y semanas, en cuanto el INE entregue sus requerimientos de nuevo. En todo caso, deberá ser el TEPJF el que defina las cosas.Es decir, si se entrega dinero extra no se tratará de una “concesión” de Hacienda, sino de la ejecución de una instrucción del Poder Judicial.El desenlace debe llegar pronto. Ya lo veremos.
