Como lo referí aquí el viernes pasado, cumplida la demanda generacional de la democratización del país con la primera alternancia política ocurrida en el año 2000, la que se tornó en la mayor exigencia social fue el combate a la corrupción y a la impunidad que la acrecienta, que estamos muy lejos de que se cumpla.Ni en el país ni en Jalisco hemos construido sistemas anticorrupción eficaces e independientes que logren de verdad inhibir las corruptelas y la voracidad de gran parte de la clase política y gubernamental. Incluso para mantener esa enorme fuente ilegal de recursos, desde el poder se boicotea cualquier intento serio de implementación de modelos anticorrupción funcionales.Por eso cada que hay relevos en las administraciones públicas, más cuando los gobernantes son de partidos políticos distintos, llueven los señalamientos de malos manejos de sus antecesores pero son casi inexistentes las denuncias que concluyen con alguna detención. Esto pasa porque ante la ausencia de sistemas anticorrupción fuertes la partidocracia sigue con los intercambios y pactos de impunidad en detrimento de la ciudadanía.Llama por eso mucho la atención la detención de al menos ocho ex funcionarios de primer nivel de la pasada administración del finado gobernador Aristóteles Sandoval, entre los que destacan por estar en prisión preventiva Antonio Cruces, ex secretario de salud; Francisco Ayón, ex titular del Instituto de Pensiones; y Felipe Tito Lugo, ex director de la Comisión Estatal del Agua.Si esto significa una auténtica cruzada anticorrupción y el fin de los pactos de impunidad entre la clase política, sería sin duda, una gran noticia en beneficio de la población jalisciense. Habrá sin embargo que esperar para ver cómo terminan los casos en los tribunales (también con altísimos niveles de corrupción); si no se trata nuevamente de revanchismos políticos y de justicia selectiva.Y es que hay antecedentes que ponen en entredicho la convicción y voluntad plena de combatir la corrupción del actual grupo alfarista en el poder. Uno fue cuando en la década pasada, en su debut en la vida parlamentaria de Jalisco, la bancada del partido Movimiento Ciudadano, se opuso a la salida e investigación del auditor Alonso Godoy Pelayo, quien ha cambio de cobros millonarios como funcionario pasaba por alto las corruptelas de los políticos y funcionarios que lo sostuvieron más de una década en el puesto. Otros más recientes, fueron la embestida a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por reprobar la imposición de consejeros de la judicatura, y en agosto del año pasado, cuando la mayoría naranja en el Congreso, y sus aliados del PAN, ignoraron la gran mayoría de los planteamientos prometidos en la reforma anticorrupción 2.0 escupiendo y pisoteando así el esfuerzo de muchas y muchos jaliscienses que creyeron en el proceso de parlamento abierto al que convocó en el 2019 la ex diputada local emecista hoy legisladora federal por Jalisco, Mirza Flores, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.Cumplir procesos aseados contra estos exfuncionarios, y perseguir a los propios funcionarios de la actual adminsitración que han sido señalados de irregularidades, podría significar la correción de rumbo y no cerrar el paso al anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados y pescados en sus negocios a base de dinero y patrimonio público. Jaime Barrerajbarrera4r@gmail.com
