Hay un consenso generalizado acerca de la importancia de la detención del general en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por parte de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos el jueves 15 de octubre, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Su importancia es tal que nunca antes un ex titular del Ejército mexicano ha sido detenido con graves acusaciones de delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y por lavado de dinero.La acusación directa presentada por los fiscales de Estados Unidos es que Salvador Cienfuegos trabajó para Juan Francisco Patrón Sánchez, del cartel H-2, una derivación de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. Y aunque el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que hasta ahora no hay una investigación en curso contra el ex secretario de la Defensa, la detención de Cienfuegos cobra mayor relevancia en México porque claramente debería someterse a revisión el resto de la estructura castrense.De confirmarse las acusaciones contra Salvador Cienfuegos, hay elementos para suponer que otros mandos militares relacionados con el ahora detenido en Estados Unidos podrían haber actuado en conjunción con éste, tanto cuando fue titular de la Sedena como en otros periodos que encabezó el mando en zonas y regiones militares, entre otras la 15º Zona Militar y la Quinta Región militar que abarca los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit y que tiene su sede en La Mojonera, en Zapopan.Se puede suponer que si un grupo del crimen organizado infiltró la estructura del Ejército mexicano hasta sobornar al mando principal, es posible suponer que otras partes de esa misma estructura pudieran estar infiltradas, cooptadas o compradas por organizaciones que se dedican a los lucrativos negocios del capitalismo ilegal, como el tráfico de drogas, armas y personas. Como ha propuesto el experto en temas de seguridad, Ernesto López Portillo, una noticia como la detención del ex titular de la Sedena debería merecer una investigación por parte de la Cámara de Diputados con una comisión independiente, e incluso una indagatoria de oficio por parte de la Fiscalía General de la República (https://bit.ly/35mjPcs). De hecho, un especialista en Derecho Militar, César Gutiérrez Priego, declaró que tras la aprehensión de Cienfuegos, la Sedena está obligada a iniciar una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía General de Justicia Militar, como lo establece el artículo 60 del Código de Justicia Militar (La Jornada, 20 octubre 2020). Pero hasta ahora el presidente López Obrador parece creer que basta su honestidad para no indagar a las Fuerzas Armadas. Ha dicho que ya había advertido que en México existía un narco-gobierno, pero sostuvo que cree en la honestidad de los actuales mandos de la Sedena y de la Marina, elegidos y nombrados por él tras una ardua investigación.Pero no basta la investigación de las trayectorias de los actuales secretarios de Defensa y de Marina, sino que es necesario saber qué tan infiltrado por el crimen organizado están las fuerzas armadas mexicanas. Esta indagatoria es todavía más pertinente en un gobierno federal que tantas tareas y encomiendas ha dado a las mismas Fuerzas Armadas, desde construir aeropuertos hasta manejar puertos y aduanas. La necesidad de saber el nivel de infiltración de las Fuerzas Armadas es aún mayor en un periodo de creciente presencia del Ejército en tareas de gobierno y seguridad y más en el actual gobierno de la Cuarta Transformación que decidió apostar por aumentar esta militarización de la vida pública del país en lugar de regresar a sus cuarteles a los soldados y sus comandantes. La detención de Cienfuegos es también un cuestionamiento a la militarización del país a la que han llevado los gobiernos recientes, incluido este que prometió que no sería así.
