La historia de impunidad y de tráfico de influencias en el gremio notarial de Jalisco se seguirá exhibiendo en las próximas semanas porque la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lejos de investigar y deslindar responsabilidades en el caso de las irregularidades en la aplicación de exámenes para obtener los Fiat por parte del Colegio de Notarios, decidió solapar esos abusos, aunque ello implicara ignorar los términos de una sentencia de amparo dictada por el Tribunal Federal Administrativo.Me refiero al caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, quien el 29 de junio de 2018 presentó su examen en busca del Fiat que le permitiera ejercer como notaria pública. Como no estuvo conforme con el 60 de calificación que le dictaminaron y para el Colegio de Notarios no existe la revisión de examen por la total opacidad con la que procesan sus convocatorias, tramitó un amparo para poder corroborar sus respuestas. Pese a todas las tácticas dilatorias emprendidas por el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para alargar el litigio y hacer desistir a la sustentante de continuar esa batalla legal, Lupita logró que la justicia federal obligara a que se le mostrara su examen. Sobrevino así la sorpresa que dejó en evidencia todas las triquiñuelas que existen para traficar con los Fiat, que ponen en entredicho la honorabilidad y confianza de los dirigentes de los fedatarios públicos y la complicidad de los gobiernos estatales en turno: el examen había sido mutilado, le habían arrancado siete hojas que contenían 27 respuestas de las 50 preguntas abiertas que contenía el examen. La parte de las 50 preguntas de opción múltiple estaba completa.Pese a esta flagrante prueba del delito por parte del Colegio de Notarios, tras otros cuatro años de litigios, el Juzgado de Distrito —que para especialistas en la materia debió haber ordenado la entrega directa del Fiat a Lupita porque le destruyeron parcialmente su examen—, sólo mandató que se le aplicaran las 27 preguntas que le habían sido arrancadas.Muchos pensamos que, por el tamaño del escándalo, tanto el Gobierno del Estado como el Colegio de Notarios no sólo abrirían una investigación urgente para deslindar responsabilidades por este trama de corrupción, sino que aplicarían con total apertura y transparencia las preguntas faltantes a la víctima.Sin embargo, y para la indignación de no pocos dentro y fuera del gremio notarial, el pasado 10 de julio que se le citó a la sustentante, la Consejería Jurídica estatal y el Colegio de Notarios cambiaron las 27 preguntas originales y le pusieron como tiempo límite 48 minutos con 6 segundos, que además de constituir una clara trampa, incumplían con lo dictado en el amparo de la justicia federal. El claro ejemplo, sin duda, de que existe una casta notarial con protección gubernamental en Jalisco.Poco les importa tener en riesgo la reputación del gremio notarial jalisciense, en el que nadie levanta la voz, pese a seguir bajo la lupa de la justicia federal por el caso de Lupita.jbarrera4r@gmail.com
