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Caso Teuchitlán
Caso Teuchitlán
El hallazgo de un campo de entrenamiento del Cártel Nueva Generación en Jalisco por parte de un colectivo de madres buscadoras no es un hecho aislado. Es, más bien, un síntoma alarmante de una crisis de seguridad que nos aqueja y hoy muestra sus consecuencias más crudas. Este evento debe servir como un llamado a la acción para replantear la estrategia de seguridad, pero, sobre todo, para que los diferentes actores con capacidad de incidencia articulen una respuesta conjunta y efectiva.
Desde hace años, la inseguridad en México ha escalado a niveles preocupantes con el fortalecimiento de grupos criminales. La violencia extrema, lejos de menguar, se ha diversificado en formas cada vez más sofisticadas. La existencia de un campo de adiestramiento en Jalisco confirma que el crimen organizado no solo impone sus reglas en amplios territorios del país, sino que ha desarrollado métodos propios para la consolidación de su poder.
La fuerza que ha tomado el crimen organizado es atribuida a la falta de una política de seguridad clara y efectiva. La respuesta de los tres órdenes de Gobierno ha sido errática, ha puesto el énfasis en la militarización y utiliza estrategias basadas en el uso de la retórica, acciones que debilitan a las autoridades locales y carecen de efectividad. Mientras tanto, las víctimas y sus familias, han tenido que asumir el papel de investigadores, rastreadores y buscadores de justicia, como lo demuestra este hallazgo en Jalisco.
La gravedad de la situación exige que tomadores de decisiones, activistas y la sociedad civil definan y acuerden una estrategia y una agenda conjunta que sume sus capacidades institucionales y operativas. Ha quedado claro, una vez más, que los gobiernos, por sí solos, no pueden hacerle frente a la magnitud del problema y que los colectivos de búsqueda han logrado más avances que las autoridades, a pesar de no contar con el respaldo institucional.
A nivel local, estados y municipios han sido rebasados por la crisis. A lo largo de varias administraciones, su capacidad operativa ha demostrado ser incapaz de desarticular estructuras criminales que cuentan con financiamiento, armamento y una red de protección que les permite operar con firmeza. No es viable pensar en soluciones aisladas cuando el problema es estructural. El enemigo no es un partido político ni una ideología: el objetivo es recuperar a toda costa la paz y la seguridad. Para lograrlo, se necesita altura política, disposición al diálogo y, sobre todo, voluntad para establecer una estrategia coordinada con un proceso transparente.
PD: La conferencia de prensa que dio el fiscal general, Gertz Manero, es apenas un primer paso para esclarecer toda la cronología de los hechos en torno al Rancho Izaguirre. Esperemos atestiguar más que un episodio de cooperación entre las corporaciones federales y estatales, pues sólo a través de un trabajo conjunto y coordinado se podrá conocer lo que pasó en su interior y abrir el camino para que exista una justicia pronta y expedita y, sobre todo, para que se pueda establecer una política pública eficaz que permita atender la gravedad del problema que enfrentamos.
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