Toda la serie de contradicciones y titubeos que se dieron en el primer círculo de poder del gobierno de la 4T tras la extradición de Emilio Lozoya y su llegada a suelo mexicano es una mala señal que confirma las sospechas del uso político-electoral que se le quiere dar al caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el pasado gobierno del priista Enrique Peña Nieto, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Muchas dudas ha generado, por ejemplo, que pese a que las instituciones penitenciarias de España donde estaba recluido desde febrero pasado afirman que Lozoya nunca les notificó problemas de salud, el viernes que llegó a México fue llevado a una lujosa suite de un hospital de la Ciudad de México por un presunto “cuadro de anemia y debilidad”. Y lo peor, que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, haya afirmado que había sido ingresado al Reclusorio Norte, o que el propio Presidente López Obrador hubiera asegurado que ese mismo día iniciarían las diligencias, cosas que nunca sucedieron.Aunque sin duda es una buena noticia que por fin México deje de ser junto con Venezuela, donde seguía impune el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en 11 países latinoamericanos y un africano entre 2005 y 2014, y que llevó a la cárcel a ex presidentes de Brasil y Perú e incluso el año pasado al suicidio de Alan García, ex presidente de ese país andino, la principal bandera de AMLO de la lucha y castigo a la corrupción podría desvirtuarse si se cae en la tentación de más que hacer justicia, se manipula el caso para convertirlo en una tabla de salvación para el gobierno morenista ante los malos resultados de su gestión de cara a las elecciones del 2021.Esa motivación parece estar de fondo en la repentina decisión de poner fin al aparente pacto de impunidad que había mantenido AMLO con su antecesor (al que ya se investiga y eso también es una buena noticia) a cambio de no intervenir en la elección del 2018 y dejar el manejo del gobierno prácticamente desde su triunfo electoral en julio del 2018. Más aún porque las negociaciones previas con Lozoya para que declare y tenga un juicio más leve él y su familia, apuntan a que la Fiscalía General de la República (FGR) dé más relevancia al caso de la compra de Pemex de la empresa Nitrogenados, que no generaba ingresos y tenía años sin funcionar, que al asunto que destapó Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, quien declaró que Lozoya Austin, siendo operador clave en 2012 de la campaña electoral del entonces candidato presidencial del PRI, Peña Nieto, les pidió 11 millones de dólares por los contratos dados a la compañía brasileña desde 2009, y para ayudarlos en el futuro con contratos de Pemex cuando fuera director. Por estos señalamientos, Lozoya declaró en 2017 en secreto en la PGR. Y cuando el entonces fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto (hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda), le perseguía los pasos, fue cesado en octubre de ese mismo año. Hoy Nieto está enfrentado con el fiscal Alejandro Gertz, quien incluso busca involucrarlo como beneficiario de los sobornos que se hicieron con el dinero malhabido del caso Nitrogenados para comprar votos de ex legisladores de todos los partidos y sus asesores para la aprobación del Pacto por México y de la Reforma Energética, principalmente.Lo dicho, si impera la lógica política-electoral y de las revanchas sobre la judicial, hasta los de la casa de la 4T podrían verse alcanzados.jbarrera4r@gmail.com
