La pandemia puso el freno de mano a los movimientos civiles de denuncia y protesta contra el abuso, la violencia y los feminicidios que habían encontrado en manifestaciones como las del 8 y 9 de marzo pasado un espacio de reflexión a la realidad que vivimos; la pandemia sacó de las calles y del ojo público las voces de miles de mujeres que buscaban y todavía esperan respuestas y acciones para sus desaparecidas. Sin embargo, abrió una ventana de comunicación para unir a los colectivos feministas y las activistas que no están dispuestas a aceptar cualquier decisión que ignore un acto de justicia.Y en un país donde el apoyo y la protección se vieron afectados en la disolución de institutos de la mujer, estancias infantiles para las madres trabajadoras y refugios para las víctimas de violencia, parece que la incongruencia impera al apoyar que ciudadanos como el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien al menos cuenta con tres denuncias de abuso sexual en su contra, representen al partido oficial en su aspiración por la gubernatura de Guerrero.Decisiones como ésta abren el cuestionamiento sobre el perfil de ciudadanos que pueden dirigir un Estado, o sobre la asertividad en las entrañas de un partido para permitir que un presunto violador se considere honorable para llegar a las urnas en las próximas elecciones.La indignación es general. Activistas, intelectuales, periodistas, actores y ciudadanos en general reprochan una decisión como ésta; cuestionan el férreo nexo que puede haber entre el Presidente del país y el senador, pues es incomprensible que alguien que ostente la presunta responsabilidad sobre los delitos de abuso sexual conserve la libertad y el derecho a cargos de elección popular.En respuesta surgieron tendencias como #UnVioladorNoSeraGobernador o Presidente rompa el pacto, que abren el debate social, pero no parece relevante en al ámbito político, pues no se han ejercido acciones al respecto.Al parecer, carece de importancia para el partido oficial, pues aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena haya iniciado una investigación por las acusaciones contra Salgado Macedonio, bien puede enfrascarse en tramitología y no actuar de manera contundente como sucediera con Sergio Quezada Mendoza, alcalde de Tototlán, quien presentara en días recientes la licencia para dejar su cargo tras la evidencia de acoso sexual en su contra y del director de Padrón y Licencias del municipio jalisciense.Lo relevante aquí es reconocer qué clase de sociedad se está formando en un momento histórico de alternancia, en el que la equidad y la defensa a los derechos de las mujeres es un tema que no en todas las agendas políticas tiene cabida, en el que la violencia de género sigue en el tintero y en el que un presunto violador puede gobernar un Estado.El costo político puede ser alto, pero es mayor el costo social de tener claro que un año después de que de las mujeres generaran movimientos tan importantes en la defensa de sus derechos, la impunidad, a su vez, sea un derecho de algunos.puntociego@mail.com
