El morbo genera “comunidad”. En Telegram –la competencia de WhatsApp– hay un grupo policíaco de Jalisco con más de 46 mil miembros (me incluyo). Su “atractivo” consiste en distribuir imágenes y videos de hechos violentos. Revisé el listado de integrantes y me sorprendió encontrar académicos, funcionarios, periodistas, activistas y conocidos. Es apenas un canal, entre cientos, a través de los cuales circula contenido que muchas veces te revuelve el estómago. Ante esta realidad, el Senado aprobó una reforma a los artículos 225 y 225 bis del Código Penal Federal para castigar con seis a 12 años de prisión al particular que difunda información, imágenes, audios o videos parte de una carpeta de investigación o proceso penal reservados. También castiga con hasta 10 años de prisión al servidor público que filtre fotos, videos o documentos de una carpeta de investigación o “estén relacionados con las condiciones personales de la víctima o las circunstancias del hecho”. La pena aumenta a 15 años de prisión si las víctimas son menores, mujeres o cadáveres. La preocupación de los legisladores surgió tras el caso de Ingrid Escamilla Vargas. El 9 de febrero de 2020, su cuerpo fue hallado en su domicilio, en la alcaldía Gustavo A. Madero: su pareja la asesinó y desolló. Las fotos de su cadáver circularon en diarios sensacionalistas, televisión y redes porque algún policía o forense las filtró a la prensa. Estos contenidos, que circulan profusamente cada día, lastiman la dignidad de las víctimas y sus familiares. Lesionan la memoria de quienes enfrentan una muerte violenta, constituyen una violación a la intimidad de los deudos y les ocasiona daño sicológico. Hago notar que la reforma contiene dos supuestos. La sanción a particulares que engloba por tanto a periodistas, youtubers y usuarios de redes, y el castigo a servidores públicos. La Cámara de Diputados aún debe aprobar la reforma para que entre en vigor. Y como muchas reformas que intentan ordenar el caótico mundo virtual, reflejo de la violencia real, me deja más dudas que certezas. Comparto algunas. ¿Cambiarán sus políticas los periódicos amarillistas? ¿En qué supuesto entraría la imagen y el video de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno que filtraron los delincuentes? O el caso de los jóvenes que golpearon a otro en Puebla, ¿si difundo el video una vez abierta la carpeta de investigación cometo un delito? ¿Será encarcelado un internauta que repostea una imagen o video filtrada por un funcionario? ¿No es desproporcional el delito y la pena? ¿Y si sólo le damos elementos a la autoridad para cebarse contra actores secundarios del hecho delictivo sin tocar a los verdaderos responsables? ¿Reformar dos artículos ataja la anarquía del mundo digital? ¿Cuál sería la frontera entre derecho a la información, libre expresión y censura? ¿Será otra reforma para el papel? ¿Se habrán hecho estas preguntas los legisladores? jonathan.lomeli@informador.com.mx
