A nadie le podrá pasar desapercibido el hecho de que la política de seguridad no está funcionando. Es claro que los desafíos en esta materia son gigantescos y que ninguna respuesta simplista ofrece una solución concreta al problema. Pero ese es el curso que ha seguido este Gobierno.El régimen ha intentado enfrentar la situación recurriendo al menos a dos medidas hasta ahora infructuosas: por un lado, adoptó la visión de evitar emplear medidas coercitivas contra el crimen organizado. Desde esta perspectiva, se ha venido implementando un plan fundado en la idea de que el origen de la violencia es el intento por detenerla. Esto es una gran falacia. Se trata de un diagnóstico evidentemente equivocado acerca de las causas que han dado lugar a la inseguridad ciudadana y a la violencia criminal.Por otro lado, se decidió otorgar la responsabilidad de la política de seguridad pública al Ejército y la Marina. Esta decisión, además de no haber sido eficaz, ha afectado la actuación de las policías estatales y municipales que prácticamente se han quedado sin recursos para cumplir su cometido. Sin duda, el tránsito de un paradigma civilista hacia uno militarista ha estado en el centro de nuestros predicamentos.La paradoja es que a pesar de recurrir a una solución castrense, es claro que el Estado ha abandonado, en grandes franjas del territorio mexicano, el monopolio de la fuerza pública, que es la principal función de un Estado democrático que vela por el bienestar de sus ciudadanos. Los ejemplos de esta situación son innumerables. El más reciente de ellos implica a una ciudad bajacaliforniana. En un anuncio dramático por lo que representa, la alcaldesa de Tijuana dijo recientemente que vivirá temporalmente en el cuartel militar que opera en el sur de esa ciudad.Los argumentos que expuso deberían hacernos repensar nuestro pacto social. Montserrat Caballero señaló que la razón principal de la mudanza son las amenazas que recibió en contra de su vida. Esto, desde luego, no ha ocurrido en el vacío. La alcaldesa ya había sufrido un atentado y uno de sus guardaespaldas fue agredido a tiros al interior de su vehículo.Agrava este predicamento el hecho de que Tijuana sea una de las rutas principales del tráfico de drogas. Se trata del tercer punto del comercio de fentanilo en el país, de acuerdo con datos de la Marina. Es claro, entonces, que la violencia relacionada con la operación de bandas del crimen organizado ya están amenazando la buena marcha de muchos gobiernos locales.Es imperativo poner un alto a esta situación. Los acontecimientos en Tijuana nos deben convocar a pedir una revisión a fondo, de fin de sexenio, sobre la política de seguridad que se ha venido implementando. Quizás la puesta en marcha de una gran Convención que tenga como objetivo una evaluación de las virtudes y defectos de las acciones y planes del gobierno actual sería muy útil.En esta batalla por la paz y la concordia estamos todos inmersos, pero no debe olvidarse que es el Estado y quienes lo administran, los que tienen la mayor responsabilidad. Es hora de un cambio de timón.
