Hay silencios que violentan; silencios que duelen. El de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al trato a migrantes en la frontera sur es uno de ellos. Callan como momias, dice el presidente, sobre la falta de críticas al pasado. Hoy callan como piedras ante los sucesos del presente.Los linajes de lucha son tan absurdos y falsos como los de la monarquía. No basta tener un hermano desaparecido y una madre luchadora para encabezar un institución como la CNDH. Rosario Piedra ha demostrado no tener los tamaños para encabezarla. Su admiración por el presidente, el jefe del Estado mexicano, el responsable último de las violaciones a derechos humanos, la ha silenciado. La ombudsperson, quien debería ser la defensora del pueblo ante los abusos del Estado en la frontera sur, cierra los ojos para no ver los golpes, los encierros, la separación de familias. No ve porque sus ojos solo buscan mirada complaciente del poderoso. Calla ante la brutal actuación de los agentes de migración para no hacer ruido a las palabras de su líder. La migración es un problema internacional con raíces muy profundas, orígenes diversos y causas variadas. No es lo mismo la migración que viene de Honduras o El Salvador que la de Haití; en lo único que coinciden es que usan las caravanas como estrategia de defensa y nada puede hacer el Estado mexicano ante ello. Es cierto, para afrontar este fenómeno internacional se requieren políticas de mediano y largo plazo concurrentes con Estados Unidos y Centroamérica, pero en lo inmediato una política pública propia para la atención del problema. Pero el peor error que podemos cometer los mexicanos es criminalizar la migración y normalizar actuaciones como las que hemos visto de los agentes en la frontera sur. El trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es escuchar las razones del Estado para detener a los migrantes (más cuando el jefe del Estado confiesa en la Mañanera que no puede garantizar la integridad ni el respeto de los derechos humanos de quienes transitan por el territorio nacional), sino exigir que la aplicación de la ley se haga sin violar los derechos de nadie, da igual si son extranjeros o nacionales, con papeles o sin ellos. Respetar los derechos de los migrantes no es opcional, no es caridad o buena voluntad del presidente, es una obligación establecida en el artículo primero de la Constitución: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…”.La inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo afecta a los migrantes, nos afecta a todos. En una institución cuya única arma es la voz, el silencio es complicidad. diego.petersen@informador.com.mx
