Como nos ha pasado desde hace casi dos décadas que se empezaron a invertir cientos de millones de pesos del erario en sistemas de videovigilancia en Jalisco con el argumento de que serían instrumentos claves para combatir a la delincuencia, siempre que ocurren los más grandes desafíos del hampa contra las autoridades y sus corporaciones policiales, como sucedió el lunes con este comando que privó de la libertad a un comensal y desató el terror a plena luz del día en la zona de Andares, esas videocámaras por las que tanto se paga para su adquisición y mantenimiento no sirven para nada y quedan en calidad de floreros. Así nos pasó, por ejemplo, cuando la tarde del lunes 24 de septiembre del 2014, las imágenes de las cámaras de videovigilancia detectaron cómo varios vehículos le cerraron el paso en pleno Periférico, en Tlaquepaque, a la Suburban en la que viajaba el ex alcalde de El Grullo y diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y a su asistente, para llevárselos en su propio vehículo. El haber captado el momento del rapto no disparó ningún operativo para rescatar a los plagiados y detener en su escape a los delincuentes. Por eso se tuvo que lamentar las primeras horas del otro día que el diputado y su asistente habían muerto calcinados en la camioneta en una comunidad de Zacatecas.Por lo ocurrido el lunes en la calle Real Acueducto, en las oficinas centrales del llamado Escudo Urbano C5, donde están los monitores de las videocámaras, hicieron como que no vieron lo que pasaba, como sucedió hace más de siete años con el diputado Gómez Michel, y no ordenaron una reacción inmediata ni dieron seguimiento a la ruta de escape de los agresores. Por eso, al menos dos de los cuatro vehículos del convoy en el que se movían los entre 12 y 15 sicarios armados hasta los dientes, pudieron llegar sin que nadie los molestara hasta la Colonia El Colli, donde se abandonó en un hospital al hombre que se llevaron en la caja de una pick-up, y que luego perdería la vida, así como el auto compacto tinto, localizado ayer, en el que se llevaron al hombre al que sacaron del restaurante Los Otates. Así, pues, lejos de resolver la opacidad y los presuntos actos de corrupción que hubo desde la primera ocasión en la adquisición de estos sistemas de videovigilancia por su compra a sobreprecio primero, y la falta de supervisión en su instalación y operación que la Contraloría denunció en febrero de 2019, sin que hasta ahora nadie sea sancionado, ahora se debe investigar quiénes organizan los ataques a las videocámaras y botones de pánico por los que se pagó inicialmente casi 900 millones de pesos el sexenio pasado, y lo más delicado cómo depurar un C5 evidentemente infiltrado por la delincuencia y que lo hace funcionar de manera selectiva sólo para detenciones menores, y parece que lo desactivan cuando los capos lo ordenan. jbarrera4r@gmail.com
