La tragedia que vive el gremio periodístico en México, país que en los últimos años se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, no sólo se materializa en las amenazas, agresiones y crímenes causados por la delincuencia organizada y otros poderes fácticos, ni sólo por la indiferencia que raya en la complicidad de las autoridades de todos los niveles que incumplen su obligación de garantizar la seguridad no sólo de la prensa, sino de la ciudadanía en general, y que tampoco desperdician oportunidad de mostrar su repudio y su intolerancia al periodismo crítico que les cuestiona, los escruta y denuncia sus excesos y corruptelas. Ejemplos de ello sobran en lo que va de los sexenios tanto de la 4T del Presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobierno naranja en Jalisco del gobernador Enrique Alfaro.En plenas denuncias y protestas por los asesinatos de la y los colegas José Luis Gamboa, en Veracruz; y Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado López, en Tijuana, en los primeros 23 días del año y que se suman a los 42 crímenes de comunicadores cometidos en lo que va del gobierno de la autollamada cuarta transformación, ahora son los juzgadores del Poder Judicial los que pretenden obstaculizar el trabajo de los periodistas de radio y televisión. Se trata de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió el pasado miércoles 19 de enero, y que con la coartada de una presunta defensa de las audiencias para que reciban información objetiva e imparcial, obliga a que en los noticieros los comunicadores de radio y televisión aclaren cuándo dan información y cuándo una opinión, lo que viene sólo a entorpecer la dinámica de sus contenidos y a limitar el derecho de la libertad de expresión. Esta iniciativa fue impulsada por grupos de la sociedad civil en 2014 y ha sido objeto de pronunciamientos contradictorios en tribunales e incluso en el Congreso donde se derogó en el 2017 por su inoperancia. Ahora el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, quien llegó a la Corte impulsado por la 4T y fue presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México cuando AMLO fue jefe de gobierno, revivió esa medida propia de países dictatoriales como Cuba, Corea del Norte y China, con un amparo.Sin duda se trata de una medida autoritaria que vuelve a tratar como menores de edad a las y los ciudadanos que deciden escuchar o ver algún noticiero de radio o televisión y que saben perfectamente distinguir entre los datos duros de una información y algún comentario editorial u opinión, y que parece buscar más bien tener amagados y controlados a los medios con las sanciones por su incumplimiento que incluyen sacar del aire programas.La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ya anunció que impugnará este fallo en espera que el pleno de la SCJN rectifique y no se sume a las balas, leyes que también atenten contra el trabajo periodístico y contra la democracia en este país.jbarrera4r@gmail.com
