El Congreso de Jalisco padece una “obesidad mórbida” en la nómina. Sabemos que el exceso de grasa -burocracia innecesaria- genera otros padecimientos graves: colesterol alto, diabetes, hipertensión y cardiopatías. En este caso se traducen en un gasto oneroso, parálisis, ineficiencia e incertidumbre. El Congreso enfermó gradualmente en las últimas cinco legislaturas, ningún cuerpo por joven que sea resiste ese ritmo de saqueo trienal. Por eso a pocos sorprendió el análisis elaborado por el IMCO. Las 153 páginas del documento -por las que el Congreso pagó 800 mil pesos- repiten lo que periodistas y diagnósticos gratuitos del propio IMCO e Integralia han consignado los últimos tres lustros. Sabemos que el Congreso de Jalisco es de los más costosos y obesos del país. Sabemos que es más caro que la Asamblea de Nueva York, que hay aviadores, compadrazgo y nepotismo. Lo sabemos. Algo hemos aprendido de ese poder opaco y desprestigiado. Imagínense, en 2010 ni siquiera sabíamos el número de empleados en el Congreso estatal. Hoy sabemos que son mil 69 burócratas y más de la mitad son innecesarios (649), según el IMCO. ¿Cómo llegamos aquí? El problema del Poder Legislativo está sobrediagnosticado. Lo que necesita son acciones. Dicen que para combatir la obesidad mórbida, primero hay que identificar los hábitos dañinos que generan esa condición. En el diagnóstico del IMCO hay algunas claves. “La estructura orgánica o administrativa del Congreso de Jalisco se basa en nombramientos políticos y juegos de poder que generan incertidumbre, parálisis e ineficiencia”, dice el estudio. Y continúa: “el Secretario General es nombrado por un grupo político, mientras que cada una de las áreas que dependen de la Secretaría General son nombradas -tácita o explícitamente- por diversos grupos políticos y por ende reportan a esos distintos grupos”. La operación del Congreso a partir de acuerdos partidistas ha generado una crisis de gobernanza. Porque las decisiones se toman basadas en arreglos y repartos con una lógica de botín. La contratación de personal, por tanto, es para satisfacer intereses y no necesidades concretas. Cada legislatura representa un ciclo y juego de poder con distintos actores: rojos, albiazules, naranjas, guindas… Si el Legislativo, esa “institución que define a otras instituciones”, es incapaz de observar la norma y aplicar un servicio civil de carrera, ¿qué esperar del resto de la administración pública estatal? Allí asoma el origen de todos nuestros males: una cultura política enana, cortoplacista, que regatea y reduce cualquier acto de Gobierno a una cuota entre cuates. Por eso el diagnóstico del IMCO servirá para una sola cosa: como un instrumento más de golpeteo entre fracciones, repartición de culpas y negociación a partir de intereses y poderes fácticos.Lo que el Congreso necesita es un “baipás” urgente y un cambio de cultura política. El sindicato, los laudos y la falta de voluntad de las bancadas hacen imposible que el Congreso recorte 649 empleados. Todo acabará en poner un poco de “orden administrativo” y patear el balón a la siguiente legislatura. La misma historia de siempre. jonathan.lomelí@informador.com.mx
