A unos días de que se cumplan nueve años de la tragedia de la noche de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos, el caso Ayotzinapa se encuentra en un momento determinante y tal vez ante la última oportunidad para que se conozca la verdad y, eventualmente, saber el destino de los 43, desaparecidos en una operación criminal-estatal.Es también la última oportunidad para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra empeñada con los padres y madres de los normalistas a quienes en la campaña y luego ya como Presidente electo, en 2018, les prometió que su Gobierno se empeñaría en llegar a la verdad para esclarecer este caso.Si bien al comienzo del Gobierno de la Cuarta Transformación hubo avances con la creación de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, con la creación de la Unidad Especial para la Litigación e Investigación del caso Ayotzinapa (UELICA), la extensión de un nuevo mandato para los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la investigación sufrió un serio retroceso en agosto del año pasado, justo cuando el titular de la Comisión para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presentó un informe. En éste se confirmaba lo que desde hace años los padres y madres, y la sociedad movilizada habían denunciado: la “verdad histórica” del anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam era un montaje que pretendía evadir la responsabilidad estatal en la trágica noche de Iguala. Encinas reiteró también la participación de los militares y anticipó que probablemente los estudiantes desaparecidos no estuvieran vivos. Luego de ello se anunció la expedición de 81 órdenes de aprehensión, entre ellas de 21 militares que posteriormente fueron canceladas. Todo indica que desde el poder militar ese cuestionaron tanto el informe presentado por Encinas como la investigaciones de la UELICA.Las presiones militares fueron confirmadas nuevamente por los integrantes del GIEI cuando el 25 de julio presentaron el sexto y último informe donde denunciaron que desde la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia se les obstaculizaba el avance en la investigación. Ahora en el contexto del noveno aniversario de la masacre de Iguala, y gracias a la presión de los padres y madres de familia se abre otra oportunidad, tal vez la última, para que los militares y otras dependencias entreguen la información pendiente y se pueda terminar de armar el rompecabezas del caso.El miércoles pasado los padres y madres de los 43 tuvieron un nuevo encuentro con López Obrador. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan presentó un resumen de ese encuentro en donde reveló que las madres y padres de los 43 exigieron al presidente la información que ha ocultado el Ejército mexicano. En concreto le exigieron que entreguen los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que operaba en Iguala. Sin embargo, el presidente refutó a los padres y aseveró que “El Ejército mexicano entregó toda la información, me consta. Tengo los oficios donde solicito la información y se la voy a entregar”.En un momento la reunión se volvió ríspida, según el Centro Tlachinollan. Las madres y padres insistieron al presidente que el ejército tiene información oculta importante sobre los estudiantes. “Usted está del lado del ejército, pero debería estar del lado de las víctimas”, le dijeron. “La tensión creció en el momento en que el Presidente defendía a los militares, las familias simplemente no daban crédito. Aun cuando le decían ‘tenemos esperanza en usted, presidente’ su postura fue leal al Ejército”. Para zanjar el desencuentro del miércoles pasado, el Presidente les ofreció a los padres y madres que el lunes se les entregaría la información que solicitan en una reunión con la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, y el subsecretario Alejandro Encinas. Producto de la defensa del Presidente a las respuesta de las Fuerzas Armadas, los padres y madres de los normalistas decidieron hacer un plantón frente a las instalaciones del Campo Militar n° 1 en la Ciudad de México. Esperan que esa presión surta efecto y que finalmente los militares cedan y entreguen la información pendiente. Y esperan que el Presidente obligue a los militares a ceder. Si no es así, y el lunes próximo se les vuelve a negar la información solicitada, se habrá perdido la última oportunidad para llegar a la verdad en caso Ayotzinapa.rubenmartinmartin@gmail.com
