Se cumplieron 100 meses de la masacre de Iguala, Guerrero, cuando un operativo represivo-criminal de gran escala llevó a cabo la desaparición masiva de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas en esa misma jornada. La trágica noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, conocida mundialmente como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, fue un hecho represivo de una gran envergadura, como pudieron documentar los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015. Han pasado ocho años y cuatro meses de este episodio represivo que marcó la conciencia colectiva de la sociedad mexicana al develar de golpe que en México la desaparición de personas podría ocurrir a cualquiera y en cualquier lugar. Al momento de la trágica noche de Iguala en el país se reconocían menos de 30 mil personas desaparecidas y ahora la cifra rebasa los 107 mil desaparecidos. Pero 100 meses después de esa operación represiva, la justicia todavía no llega, los padres y madres de los normalistas siguen exigiendo la verdad y el castigo a los responsables. Obligado por la movilización social, el anterior Gobierno armó una supuesta “verdad histórica” construida sobre la alteración de pruebas, la tortura de los incriminados y la reconstrucción alterada de los hechos. Con esa narrativa de la “verdad histórica” se pretendió dar por concluida la investigación y cerrado el caso. Pero fracasó. La sociedad movilizada en solidaridad con los 43 normalistas desaparecidos respondió correctamente a la llamada “verdad histórica” con la consigna política “Fue el Estado”. Desde las familias, los normalistas rurales y la sociedad que los acompañó se rechazó la versión estatal.Tras esta decepción y traición a la verdad y la justicia que ofreció el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa otorgaron el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador al llegar a la Presidencia. Lo escucharon como candidato, como Presidente electo y luego en funciones, prometer llegar a la verdad y esclarecer la desaparición masiva de sus 43 hijos. Le creyeron, lo escucharon. Y en cierto momento de este sexenio vieron cambios y avances: se creó una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, se creó una Unidad Especializada en Litigación e Investigación para el Caso Ayotzinapa (Uelica), se permitió a los padres intervenir en la elección del titular de la misma y se mantuvieron reuniones periódicas tanto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y aún mucho más cercanía con el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Así se llegó a agosto de 2022 con la presentación del informe con el resumen de la investigación, con supuestos avances en el caso a partir de la intervención de mensajes entre los presuntos perpetradores de la desaparición, que incluía a miembros del crimen, pero también policías y militares, y se llegó a la dura conclusión de que no había esperanza de encontrar con vida a los 43 normalistas.A partir de ahí, el responsable de la Uelica, Omar Gómez, emitió 83 órdenes de aprehensión, pero de modo inexplicable el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la cancelación de 21 de estas órdenes, entre las que se incluían 16 militares, en septiembre del año pasado. A partir de ahí todo cambió y todo indica que se debió a que la investigación empezó a topar con cuartel, es decir, a tocar intereses militares.Así me lo dijo en entrevista Vidulfo Rosales, abogado y representante de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. “Cuando se llega a ese tema de fincar responsabilidades a miembros del Ejército, el Gobierno da un paso hacia atrás, cancela 21 órdenes de aprehensión, 16 militares y cinco funcionarios de Guerrero. No se da nunca una justificación sólida y contundente de por qué se cancelaron esas órdenes de aprehensión y ahí se quebró la confianza, se quebraron, el Gobierno en lugar de dar un paso hacia delante, da un paso hacia atrás y a partir de ahí le investigación permanece estancada”. En septiembre ocurrió un punto de quiebre y desde entonces la investigación está detenida. La clave de todo es que para conocer la verdad y ofrecer justicia a las víctimas del caso Ayotzinapa se tiene que tocar a los militares y obligarlos a que compartan información. ¿Se atreverá López Obrador y el Gobierno de la Cuarta Transformación a hacerlo? No lo hará. Está muy comprometido con los militares como fuerza política esencial de su proyecto político. Todo indica que el punto de quiebre de septiembre pasado al tocar intereses militares, echó por la borda los avances en la investigación de Ayotzinapa y ya no sabremos la verdad en torno a los 43 normalistas en lo que resta del sexenio.
