Pese a los reclamos del viernes pasado del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el pronunciamiento que hizo la oficina en México de su alto comisionado para los Derechos Humanos, y antes al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por criticar la actuación del Ejército y la Marina en la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sus posturas sólo confirman lo que asomó en el primer informe que sobre el caso presentado hace más de un año el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y que tanto irritó al Ejército Mexicano por culpar a mandos militares en el reporte de la Comisión de la Verdad y la Justicia para este caso.Si el GIEI aseguró la semana pasada en su informe final y de despedida por considerar no tener las condiciones de apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para continuar sus investigaciones, que mandos y soldados estuvieron coludidos con el crimen organizado en la noche negra de Iguala el 26 de septiembre del 2014, eso justamente lo mencionó también Encinas en su informe e incluso anunció que había órdenes de aprehensión contra ellos.Eso provocó un profundo malestar en los altos mandos militares, que aprovechando su influencia con el Presidente por todas las misiones extra que les ha encomendado su Gobierno, hicieron que parara el ímpetu de Encinas por cumplir con la promesa del propio López Obrador de llegar a la “verdad auténtica” de lo ocurrido, luego de encarcelar al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, autor de la “verdad histórica”, y a quien acusaron de armarla a base de torturas.Eso provocó la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal especial de la Comisión de la Verdad, quien había fungido como secretario ejecutivo del GIEI en el sexenio pasado, cuando de plano la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz se desistió de órdenes de aprehensión contra 16 militares y nueve ex funcionarios de la Fiscalía y el Gobierno de Guerrero por presiones de la cúpula de la Sedena y la Secretaría de la Marina.Por este antecedente y por la férrea defensa de AMLO ante el GIEI y la ONU, es claro que el Presidente no está dispuesto a que las investigaciones continúen si estás involucran a los mandos castrenses que han sido pilar de su Gobierno y con los que por ningún motivo se quiere enemistar, aunque eso signifique perder la confianza de los padres de los normalistas, sus abogados y las organizaciones sociales que respaldan ese movimiento a los que incumplirá, como al país entero, su promesa de hacer justicia al llegar a la verdad de lo ocurrido aquella trágica y criminal noche.
