Tal vez porque en el informe que el fiscal Alejandro Gertz Manero les presentó el sábado pasado a las madres y a los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, al cumplirse el sexto aniversario de su desaparición en la conocida como noche negra de Iguala ocurrida el 26 de septiembre del 2014, no hubo mayores novedades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que insistir ayer en su rueda de prensa mañanera que en este caso no habrá impunidad, no se protegerá a nadie, pero tampoco habrá juicios sumarios ni linchamientos políticos.Y es que las palabras del fiscal general estuvieron lejos de cumplir con las grandes expectativas que se habían generado luego de que desde la llegada del gobierno de la autollamada cuarta transformación se echó abajo la “verdad histórica” que acuñó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para tratar de detener, sin lograrlo, todo el desprestigio y desgaste que costó a Enrique Peña Nieto el mal manejo que dieron a esta serie de desapariciones forzadas en apenas su segundo año en la Presidencia. El caso Ayotzinapa y meses después el escándalo de la Casa Blanca eclipsaron para siempre el ciclo reformador con el que inició su sexenio y dinamitaron para siempre su popularidad.Pero como muchas otras cosas en el gobierno de la 4T, lo que se dice en la narrativa no se corresponde con la realidad. Y es que más allá de la localización de los restos de Christian Alfonso Rodríguez en julio pasado, que sería el tercer normalista identificado; la orden de aprehensión por tortura contra Tomás Zerón, responsable de la primera investigación; y la omisión del nombre de quien era alcalde de Iguala, José Luis Abarca, impulsado para ese puesto por AMLO y hoy preso, junto con su mujer María de los Ángeles Pineda, por sus presuntos vínculos con el cártel de los Guerreros Unidos, que habrían desparecido a los estudiantes, la versión que dio Gertz Manero no fue muy distinta a la del priista Murillo Karam, excepto por no suscribir que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hasta para el propio subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lo dado a conocer el sábado lo único que dejaba claro es que no se ha llegado a la verdad de lo ocurrido aquella noche.Tal vez lo más novedoso, pero que aún no rinde efectos ni un cambio sustancial en la investigación, fue lo anunciado por el Presidente y que reiteró ayer, en el sentido de que se ejecutarán órdenes de aprehensión en contra de policías federales, agentes del Ministerio Público y del Ejército Mexicano que habían sido solapados por el pacto del silencio, que aseguró, se está rompiendo.Pero por lo pronto Ayotzinapa ya no tiene “verdad histórica”, y la “verdad auténtica” no acaba por ser descubierta para dar con el paradero de los estudiantes y hacer justicia para las familias de las víctimas.jbarrerar@gmail.com
