Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la sociedad entera, han esperado ocho años para que la justicia les llegue y conozcan el paradero de sus hijos y el castigo a los responsables de la desaparición y del supuesto asesinato de los estudiantes. Han esperado por ocho años que les digan la verdad y que les den justicia.Esa verdad y justicia parecía que se acercó un poco en agosto, cuando el día 18 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó el informe como titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). En esa presentación, por primera vez un alto funcionario del Gobierno federal admitió que el grave operativo represivo cometido contra los normalistas en la trágica noche de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fue un crimen de Estado en el que participaron servidores de los tres órdenes de Gobierno, con la colaboración clara y abierta de soldados y mandos militares, en complicidad con grupos criminales.Al día siguiente se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la justicia federal la expedición de 83 órdenes de aprehensión, incluidos 20 militares y el ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Todos imputados por delitos como desaparición forzada, delincuencia organizada y contra la administración de la justicia.En ese momento, parecía que las exigencias de verdad y justicia para los padres y madres de Ayotzinapa veían una luz al final del túnel y que por fin podrían aspirar a cerrar su duelo abierto desde hace ocho años.Pero en lugar de ello, en el contexto del octavo aniversario, ha ocurrido una embestida del aparato represivo del Estado que ha revuelto el caso y enrarecido el ambiente. El caso Ayotzinapa siempre ha sido controvertido dado su carácter de ser un crimen de Estado. En los primeros cuatro años, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, los padres y madres de los normalistas lucharon contra un Gobierno que encubrió la verdad y pretendió venderlas el relato de la “verdad histórica”.Durante los pasados cuatro años, ya en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acercó a los padres desde campaña y les ofreció verdad y justicia. Y desde este Gobierno de alternancia se abrieron dos instituciones que parecían abonar a esa causa. Una fue la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UELICA) y la Covaj, encabezada por Alejandro Encinas, un político formado en la izquierda.De manera sintética se puede señalar que en torno a la justicia para el caso Ayotzinapa se constituyeron dos bloques: un bloque por la justicia integrado por padres, madres y normalistas, más organizaciones que los acompañan; la UELICA; la Covaj empujada por Alejandro Encinas; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y medios y periodistas aliados que cuestionaron desde un inicio el relato de la “verdad histórica”.El otro es un bloque que se resiste a la justicia integrado por: las fuerzas militares; elementos del aparato represivo del estado integrado por civiles y militares; el fiscal general Alejandro Gertz Manero; policías y funcionarios de Guerrero involucrados en la noche de Iguala y coludidos con el hampa; grupos criminales que participaron en los hechos de septiembre de 2014 y medios y periodistas que avalaron la versión peñista de la “verdad histórica”.Lamentablemente tras las presentación del informe de la Covaj, hay indicios de una actuación coordinada de los integrantes de este último bloque a partir de la filtración del informe no testado en Reforma, del cuestionamiento a la investigación expuesto en el informe de Encinas, en el retiro de órdenes de aprehensión y al obligar al titular de la UELICA, Omar Gómez Trejo, a renunciar a su cargo debido a que fue relevado del seguimiento a las carpetas de investigación por personal de otras dependencias de la FGR, cercanos a Gertz Manero. Por todo ello, a pesar de los avances recientes, la dura respuesta del aparato represivo, la cerrazón de los mandos militares y sus aliados en la FGR y el Gobierno de la Cuarta Transformación, parecen alejar la verdad y la justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa. Rubén Martínrubenmartinmartin@gmail.com
