Como usualmente ocurre con todos los pueblos originarios de México, la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, ubicada en la Sierra de Manantlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, ha sido históricamente agredida y sometida a procesos de despojo de sus bienes comunes mediante la violencia, que va desde las amenazas hasta la desaparición y los asesinatos de los comuneros que encabezan la defensa del territorio. La conocida como “República de indios de Ayotitlán” debía disponer, según los títulos primordiales entregados por la Colonia española, de 446,762 hectáreas; sin embargo, apenas tiene posesión del 10 por ciento de su territorio original. En la década de 1940 y 1950 se desconocieron los títulos Virreinales y la demanda de restitución planteada por la comunidad se resolvió hasta 1963, pero modificando la tenencia jurídica reconociéndolos como ejidatarios con apenas 34,700 hectáreas, aunque en realidad apenas tienen posesión de 30,200, según un ensayo de la maestra Margarita Robertson. A pesar de padecer del despojo de la mayor parte de su territorio, este pueblo indígena sigue pagando un alto precio por la defensa de su tierra. Desde la década de 1970 a la fecha han muerto más de 30 líderes nahuas relacionados con la defensa de sus bienes comunes. Pero en lugar de disminuir, la violencia en contra de este pueblo se viene intensificando, como queda de manifiesto en una relación de hechos presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 27 de julio de 2021 y con sucesivas actualizaciones hasta febrero de este año. Aquí apenas una pequeña relación de hechos de violencia padecidos por la comunidad, según documento de la CIDH: “El 1 de abril del 2022, habría sido asesinado S.C.P., líder del CAANTA [autoridad comunitaria]. Su hermano, J.C.P., habría sufrido acoso y amenazas. El 13 de abril de 2022, F.F.E. habría sufrido un intento de asesinato. El 20 de mayo del 2022, Higinio Trinidad de la Cruz y Javier Flores Elías habrían sido sacados de sus domicilios, privados de la libertad por varias horas, e interrogados con violencia y amenazados por parte del crimen organizado. El 22 de julio de 2022, fue asesinado B.R.C., miembro del CAANTA en Nuevo Guayabilla. El 28 de julio de 2022, Javier Flores Elías habría sido perseguido por policías municipales. El 1 de octubre del 2022, A.N. habría sufrido heridas como consecuencia de un ataque armado. Además, el 15 de octubre de 2022, su hijo habría sido golpeado y secuestrado. El día siguiente, Higinio Trinidad de la Cruz reportó el ataque, acoso y patrullaje por parte del crimen organizado hacia la comunidad. El 16 de octubre de 2022, cinco personas armadas habrían “intentado llevarse” a S.N.L., integrante del CAANTA [autoridad comunitaria]. El 28 de octubre de 2022, jóvenes de la comunidad habrían sido atropellados por una camioneta manejada por miembros del crimen organizado. El 17 de noviembre de 2022, Higinio Trinidad de la Cruz y Javier Flores Elías fueron citados por personas pertenecientes al crimen organizado para reclamar por el apoyo a la comunidad en el proceso de sucesión de sus derechos agrarios y por la oposición a las minas que explotaría el crimen organizado”. Lamentablemente, esto no quedó sólo en amenazas. El 25 de noviembre de 2023, Higinio Trinidad de la Cruz fue encontrado asesinado en un paraje de la comunidad, luego de que en la víspera había sido denunciado como desaparecido por testigos que lo vieron entrar a la presidencia municipal de Cuautitlán. El pueblo de Ayotitlán es acosado para lucrar con su territorio rico en minerales, agua y bosques, ya sea por empresas privadas, como la minera Peña Colorada, o por talamontes ilegales o directamente por el crimen organizado, solapados por los gobiernos. De esa forma, la comunidad de Ayotitlán enfrenta la vieja troika integrada por el Estado, corporaciones privadas y crimen organizado. Si bien el gobierno mexicano y del estado de Jalisco respondieron peticiones de la Comisión Interamericana y dijeron estar al pendiente de la comunidad de Ayotitlán, la CIDH estimó que las condiciones de violencia y riesgo irreversible para algunos comuneros siguen siendo vigentes, por lo que el pasado 8 de marzo emitió esta petición de otorgar medidas cautelares a trece miembros de la comunidad y sus familias. Pero como han sostenido abogados de Tsikini, organización que acompaña jurídicamente a los pobladores, estas medidas no tienen el efecto debido por lo que, en los hechos, la comunidad de Ayotitlán sigue bajo asedio. Asedio que debe cesar. rubenmartinmartin@gmail.com
