La aceptación a fines del año pasado de la controversia que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte de casi 5 mil millones de pesos de su presupuesto que les aplicó la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos 2022, y el lunes pasado la admisión de la que presentó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) por la quita de 140 millones de pesos que se habían dado a la Universidad de Guadalajara para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, abrió finalmente la posibilidad de que las y los ministros sometan a revisión y pongan freno a las tentaciones autoritarias de los gobiernos de todos los niveles de ver los presupuestos públicos con una visión patrimonialista y como un instrumento de control político.En el caso del INE, aunque la Corte no emite aún un fallo definitivo, la Comisión de Receso admitió también la controversia promovida por la Cámara de Diputados contra el acuerdo del INE para posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto, pero también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Secretaría de Hacienda asignar recursos al órgano electoral nacional para hacer el proceso de consulta y dar trámite formal a la petición de las y los consejeros electorales y emitir una respuesta fundada y motivada a la solicitud del INE. Es decir, hay materia.En el caso de la Universidad de Guadalajara, aunque la Corte no se pronuncia aún de fondo sobre la controversia presentada por la casa de estudios, e incluso hay polémica por no ir firmada por el rector Ricardo Villanueva, sino sólo por el abogado general de la casa de estudios, Juan Carlos Guerrero, aceptó el lunes la que presentó la CEDHJ por el mismo asunto a petición de directivos y líderes de profesores y estudiantes. Además, en noviembre pasado, al dar entrada a la controversia la SCJN ordenó que no fuera tocado el fondo quitado al Museo hasta que queden resueltas las controversias. Así, iniciada ya la revisión de ambos casos, habrá que ver si las y los ministros de la corte invalidan o avalan lo que a todas luces se trató de manotazos presupuestales que hizo tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, el primero con el INE y el segundo con la Universidad de Guadalajara. Lo que decidan será trascendental para empezar a erradicar el uso faccioso y caprichoso de los presupuestos (como claramente se ha visto en esos conflictivos episodios del gobierno de la 4T de AMLO contra el INE, y del gobierno estatal con el grupo UdeG, que lidera el ex rector Raúl Padilla López) y evolucionar hacia una visión de Estado en los manejos presupuestales que se definan no sólo por los dictados del Poder Ejecutivo sino con el concurso de los otros Poderes de la Unión. jbarrera4r@gmail.com
