El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM publicó un estudio en el que se llegó a ciertas conclusiones sobre la reforma judicial diferentes a las propuestas por el Presidente y la candidata electa.En los textos participaron líderes académicos indiscutibles en el estudio del derecho y del constitucionalismo. Se pensaría que esto sería una buena noticia para iniciar un necesario debate sobre dicha reforma. Después de todo se trata de un grupo de ideas que se proponen con una gran seriedad intelectual. Hay que recordar que debido a los principios fundamentales de libertad de cátedra y de investigación cualquier académico o grupo de académicos pueden publicar cualquier investigación y opinión que consideren pertinente. Esto, sin embargo, no representa necesariamente el sentir de la autoridad universitaria. Se equivoca, entonces, el Presidente por partida doble: al asignar responsabilidad a la UNAM por lo que publica un grupo de investigadores y por pretender callar a estos.Esta amenaza presidencial debe interpretarse a todas luces como una violación a la autonomía universitaria. En este sentido, la oficina de la Rectoría se deslindó de la publicación del IIJ aduciendo que la posición de la Universidad sería producto de una discusión futura. Esto no quiere decir, desde luego, que el IIJ hizo mal en publicar su estudio. Todo lo contrario: es precisamente debido a que la reforma judicial propuesta es muy importante para el futuro del país que una institución tan reconocida en la materia debe dar a conocer a la sociedad sus conclusiones.Lo curioso es que hace apenas unos días la candidata electa había sugerido que la reforma judicial se iba a abrir a la discusión en mecanismos como el parlamento abierto y que se escucharía la opinión de los expertos.Al parecer este no va a ser el caso. En lugar de someter la iniciativa a una debate amplio, el Partido Morena volvió a recurrir a la farsa de hacer encuestas cuyo resultado está predeterminado. Estamos ante un evento eminentemente demagógico que no sirve a la verdadera deliberación ciudadana. Lamentablemente, queda ahí este antecedente en lo que parece ser un ensayo de lo que vendrá: los oídos sordos por parte del régimen ante opiniones de expertos y de la ciudadanía en general.Hay que recordar las palabras del presidente dichas hace sólo unos días. A saber: que mientras más preparado académicamente es alguien más ignorante es. Lo contrario es lo cierto: mientras más preparado académicamente es alguien menos ignorante es.El presidente cree que “el pueblo” apoya su anti-intelectualismo porque una cierta mayoría votó por su candidata presidencial y por su coalición en el Congreso. Nada de eso es cierto: la mayoría de los mexicanos quieren que sus hijos se preparen mejor para llegar a ser hombres y mujeres de bien.Tampoco es cierto que quienes cruzaron la boleta en favor de sus candidatos hayan dado luz verde a cualquiera de sus ocurrencias. Su gobierno está limitado por previos acuerdos constitucionales que, por su propia naturaleza, fueron avalados por la ciudadanía como poder constituyente. Por esta voluntad previa a la llegada al poder del presente gobierno, México no podrá dejar de ser una República democrática, constitucional y liberal con un gobierno limitado. Este es el consenso mayor que sólo puede ser minado por el uso ilegítimo de la fuerza.
