Lejos de atenuarse, la tensión entre el gobierno de la autollamada cuarta transformación y la Iglesia católica parece escalar luego de las peticiones no atendidas del clero mexicano de que se revisen las políticas de seguridad aplicadas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Como se sabe, esta exigencia vino luego de que el lunes de la semana pasada fueron asesinados en su parroquia de la comunidad de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, sacerdotes jesuitas, y el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez.Los extrañamientos vinieron inicialmente de la influyente y poderosa congregación de la Compañía de Jesús, mismos que fueron respaldados por el Papa Francisco, también de la orden jesuita, y por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en un comunicado y también a través de la voz de distintos obispos y cardenales mexicanos, para lamentar y condenar que el crimen organizado controle cada vez más territorios y cobre vidas como pasó con los religiosos y el guía de turistas, quienes fueron asesinados por “El Chueco”, un líder del cártel de Sinaloa en la región que delinquía con toda impunidad.El Presidente no sólo ha rechazado la posibilidad de revisar su estrategia de seguridad sintetizada en la frase que él mismo hizo célebre en campaña, de “abrazos y no balazos”, sino que ha minimizado las críticas, pese a que la crisis desbordada de violencia e inseguridad hacen evidente que no se han alcanzado los resultados prometidos para buscar la pacificación del país.López Obrador ayer fue más allá, y como respuesta a la insistencia de la comunidad jesuita y la Iglesia católica, que el domingo a través de su editorial dominical “Desde la Fe” exigió poner fin a la “vergonzosa impunidad”, reiteró que desoyen al Papa y que “están muy apergollados por la oligarquía mexicana”.Como si estas diferencias fueran poco, se sumaron este fin de semana las graves denuncias del Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, y del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, de la operación de retenes criminales y los permisos que los organizadores de las fiestas patronales de las parroquias del norte del Estado deben pedir “a la plaza” para poder realizarlas, con la condición que les den parte de las ganancias que se obtengan.Ambas prácticas ilegales y que prueban el creciente control del narco en distintas zonas del estado y del país habían sido ya denunciadas por habitantes de aquellas zonas, e incluso eran comentadas en privado por funcionarios estatales de esta y pasadas administraciones, a quienes también habían retenido en distintos puntos carreteros, pero que nunca habían sido señaladas con tanta potencia como ahora que las víctimas fueron estos líderes religiosos a los que la 4T no quiere escuchar.jbarrera4r@gmail.com
