Intentar erradicar la corrupción del mundo de la política y de la administración pública, es lícito; suponer que ese objetivo va a conseguirse mediante la designación de un personaje honesto y lleno de buenas intenciones, que oriente los afanes que en ese sentido se realicen, es ingenuo.Lo dijo muy bien, ayer, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara: no es algo que vaya a lograrse por arte de magia.-II-Por definición, la corrupción es “la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos”. Se incurre en ella cuando se dejan de aplicar las leyes o se aplican de manera chapucera en beneficio propio o de familiares, amigos, socios… o cómplices.Una de las modalidades más socorridas, en México, es la “mordida”, entendida como una dádiva que el ciudadano ofrece o que un funcionario público —generalmente de nivel inferior— solicita para agilizar un trámite o para evitar la sanción correspondiente a la infracción de una norma. Otra, tan arraigada (y aun institucionalizada) como la anterior es la de los “moches” o “mochilas”, consistente en la entrega, por parte de los particulares, mediante un convenio privado, de un porcentaje del presupuesto destinado a una obra pública, al o a los funcionarios públicos encargados de asignarla. Esta práctica se realiza a partir de una especie de consenso en el sentido de que obtener un beneficio ilícito a costa de las arcas públicas, ni es inmoral ni constituye un delito.El tráfico de influencias, hermano carnal de las anteriores modalidades, ha alcanzado niveles escandalosos; de los más recientes, el Caso Odebrecht, manejado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, consistente en el sofisticado esquema de coimas y sobornos de una empresa constructora brasileña, con filiales en todo el mundo, utilizado de manera sistemática en los últimos veinte años, en beneficio directo de funcionarios gubernamentales de doce países —entre los cuales México— para obtener preferencias o beneficios en contratos de obra pública.La corte federal de Nueva York que lleva el caso, consigna acusaciones contra la empresa, supuestamente por haber pagado sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos. Se afirma que por esa vía se construyó el gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y el complejo petroquímico Etileno XXI, de Coatzacoalcos, considerado el más grande de su tipo en América Latina. Se estima que tales obras redituaron a la empresa beneficios equivalentes al 300% de las cifras “invertidas” en sobornos.-III-La designación de supuestos fiscales anticorrupción, así, será tan efectiva como la estampita de San Martín Caballero detrás del mostrador del estanquillo.
