Por problemas de depresión y ansiedad, Mónica Acevedo decidió internar en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, en la Colonia Santa Paula, Tonalá, a su hija Jazmín, de apenas 11 años. Pero el 22 de julio pasado, dentro del albergue el personal a cargo de los internos le roció alcohol y le prendió fuego con una pistola teaser.Ahora Jazmín convalece de quemaduras en 15 por ciento de su cuerpo en el Centro Médico de Occidente. Su madre contó que cuando se despierta le pregunta con angustia por qué le hicieron eso: “Pues ella simplemente no puede dirigir por qué la quemaron, me volvió a preguntar cada que le duele o así se desespera del dolor y me dice: ‘Es que porque a mí me hicieron esto, mami’”, según relató a Milenio (30 julio de 2022). Apenas el 25 de julio se dio a conocer que seis personas (cinco hombres y una mujer) habían sido asesinadas en el anexo “Cerco de vida” en la Colonia La Cofradía, en Tlaquepaque. De acuerdo con los testigos, un comando llegó casi a la medianoche. Los hombres irrumpieron en el anexo forzando el portón con una camioneta e ingresaron disparando a mansalva. Este anexo no contaba con licencia municipal ni reconocimiento estatal para operar como “centro de rehabilitación”.Estos dos ejemplos son los más recientes de una cadena de agresiones, torturas, malos tratos y otras graves violaciones a derechos humanos que ocurren en los “centros de rehabilitación” o centros contra adicciones, comúnmente conocidos como “anexos”.Ahora que el grave ataque a Jazmín y el asesinato de seis personas ocurrieron, se vuelve a debatir sobre las desgracias que ocurren en estos centros de rehabilitación y tratamiento de adicciones o enfermedades mentales. Para empezar, se corrobora lo que se había denunciado desde hace varios años: la mayoría de los anexos operan en la ilegalidad, cuando no en la clandestinidad.En Jalisco existen 390 centros de rehabilitación, de los cuales 17 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), que les da un reconocimiento federal, y 47 cuentan con registro estatal. El resto, 326 establecimientos operan sin reconocimiento, que equivale al 83 por ciento del total, según datos ofrecidos por Pedro Briones Casillas, titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) (https://bit.ly/3PZ8PYI). Esa falta de reconocimiento y de vigilancia e inspección oficial propicia que esos anexos se conviertan en centros de tortura para los internados. En varias ocasiones se denunció que varios de esos establecimientos se convierten en centros de reclutamiento para el crimen organizado, centros de distribución de drogas o de trata de personas.En una crónica, Yunuen Mora, colega de esta casa editorial, recogió testimonios que confirman los malos tratos que existían en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, el lugar donde le prendieron fuego a la niña Jazmín. “En la madrugada a veces se oía que lloraban, gritos y así, pero no sabía que era ahí. Ahora que resultó esto (niña maltratada) ya lo conectamos con lo que escuchamos”, contó un vecino de la colonia Santa Paula. En otros testimonios, se ha denunciado que los internos son vejados y hasta torturados, y que la atención es deficiente y los servicios, como alimentarios y de salud, dejan qué desear. Es de destacar que casi cinco mil niños y adolescentes están internados en albergues o anexos: hasta el 4 de julio de este año, en 99 albergues en Jalisco, se tenían registrados cuatro mil 767 niñas, niños y adolescentes albergados (mil 439 mujeres y tres mil 328 hombres), según datos del Sistema Estadístico Vigía, dependiente del DIF Jalisco (https://bit.ly/3PZ8PYI).Ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) había denunciado anomalías que ocurren en los albergues o anexos y dictó medidas cautelares a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Asistencia Social del Estado para que intervengan en el caso de la quema intencional contra Jazmín. La CEDHJ informó que de 2017 a la fecha ha recibido 27 quejas: 15 por menores internados injustificadamente y 12 por maltrato en estos espacios. Tras los graves incidentes ocurridos en estos dos albergues las autoridades de San Pedro Tlaquepaque y de Tonalá ordenaron la clausura de varios anexos. Pero la tarea de vigilarlos compete a todos los municipios y el gobierno del estado debe ordenar inmediatamente un proceso de inspección y regularización para impedir que los anexos sigan funcionando como centros de tortura.
