No hay sexenio en el que no hay algún escándalo en Pensiones. No hay año sin que sea noticia por los políticos, de todos colores, que abusan del fondo de los trabajadores del Estado de Jalisco. Ayer el gobernador Alfaro, acompañado del fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, y de la contralora del Estado, Teresa Brito, denunciaron lo que ya sabíamos: que se compraron acciones chatarra de la empresa española, hoy en quiebra, Abengoa por 344 millones y de Transportes Marítimos Mexicanos (TMM) por más de mil 600 millones sin atender las alertas de la propia Bolsa Mexicana de Valores. Hay, dicen, otras 24 inversiones sospechosas que hicieron perder dinero al fondo. ¿Culpables? Ninguno. Al igual que en otros sexenios, se investiga, pero no se toca a nadie.No son los únicos abusos. Cada sexenio una cauda de políticos se jubila con pensiones estratosféricas y fuera de toda lógica. El caso más reciente y ofensivo es sin duda el del hoy líder de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez. Ayudado por el primer director de la administración alfarista, Iván Argüelles (entre expanistas te veas), a los 49 años Martínez, el máximo representante de la Cuarta Transformación en Jalisco, literalmente compró una pensión: pagó 3.2 millones de pesos de cuotas voluntarias, mismos que amortizará en 30 meses y cobrará de por vida 108 mil pesos mensuales. Este tema también está en investigación, pero no hay responsables.El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) necesita cirugía mayor. No se trata sólo de limitar las pensiones de los 87 exfuncionarios que reciben más de cien mil pesos al mes, como lo ha propuesto el gobernador. Está bien, pero no basta. Lo importante es sacar al IPEJAL de la tómbola sexenal, de quitarle a los directores su vínculo con el gobernador en turno para que el fondo no sea un mecanismo de pago de favores; de asegurar que las decisiones se tomen con lógica financiera y no política; evitar que los ayuntamientos se financien reteniéndole cuotas a los trabajadores y debiéndole a Pensiones; se trata de profesionalizar la administración para que los servicios tengan el nivel que merecen quienes han trabajado y ahorrado toda su vida. Hay que repetirlo hasta el cansancio: el Fondo no es del gobierno, es de los trabajadores. Qué bueno que investiguen y si es posible que castiguen las conductas delictivas de los funcionarios de esta administración y las anteriores, pero más importante es que le amarren ya las manos a quienes hacen del fondo de pensiones un asunto privado.diego.petersen@informador.com.mx
