La renuncia de Gerardo Octavio Solís llegó tarde. Desde hace un año corrían rumores de su salida. En aquel momento se dijo que la presión y escándalos lo orillaron a presentar su renuncia, pero el gobernador se la rechazó. El argumento finalmente fue por motivos de salud (al parecer una delicada enfermedad progresiva que requiere toda su atención y cuidados). Todo indica que así es. La postura del gobernador, acerca de que más adelante sumará a Solís a su gabinete, denota un claro espaldarazo y un cierre de ciclo en buenos términos. También el gobernador manda una señal de continuidad con su apuesta para nuevo fiscal: Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal. Egresado de Derecho por la UNIVER, con especialidad en derecho penal y maestría en amparo, llegó a la Fiscalía de la mano de Solís Gómez. Y esto, se preguntará el lector, ¿es bueno o malo? Para bien y para mal, la Fiscalía del Estado de Jalisco es mucho más que el hombre que la encabeza. ¿Qué institución nos hereda Solís Gómez? Su principal legado, la disminución de delitos patrimoniales, mereció un reconocimiento del gobernador. No obstante, Jalisco también encabeza las cifras de desaparecidos y fosas clandestinas en el país. Hay casos emblemáticos sin resolver: el magnicidio de Aristóteles Sandoval, el crimen de Luis Felipe Tomé y del Fiscal Regional Gonzalo Huitrón, por mencionar sólo tres. El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, elaborado por Impunidad Cero con fuentes de información oficial, retrata una versión más completa de nuestra Fiscalía que nunca ventilará Enrique Alfaro en sus informes de seguridad. No quiero saturar con números, pero hay que leer estos datos con cuidado. La Fiscalía estatal encara un déficit de agentes del Ministerio Público que lidian con una sobrecarga laboral de 203 casos al año en promedio (la media nacional son 135). Como consecuencia, resuelven apenas 15 de cada 100 carpetas de investigación. La calidad de las indagatorias se refleja en la remota probabilidad de esclarecer un delito. Finalmente, 86 de cada 100 homicidios se quedan sin resolver. Todo esto hay que situarlo en un contexto de una profunda desconfianza ciudadana en la institución. Con poco personal, procesos engorrosos para denunciar y en medio de una contingencia sanitaria, lo razonable es que los delitos disminuyan porque hay menos denuncias. ¿Un hombre puede hacer la diferencia ante el peso aplastante de esta maquinaria burocrática? Nuestra visión de la procuración de justicia y el combate a la impunidad no debe descansar en un nombre. Siempre será deseable tener al mejor perfil, pero lo que hay que renovar es una institución que genere confianza, resuelva crímenes y procese a quien comete un delito. No basta con sólo cambiar al fiscal.
