Con 24 votos a favor y tres en contra, incluidas seis abstenciones, este 30 de agosto se aprobó en el Congreso del Estado de Jalisco la petición formal que hace el Poder Legislativo a la Auditoría Superior estatal para que audite las obras de construcción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. El choque sigue en pie.Esta semana inició con un hecho de profundo impacto en la sociedad, no jalisciense sino nacional: el regreso a clases en el sistema de educación básica en medio de la pandemia del Covid-19.Tratándose de educación pública, es singularmente llamativo que en la tensión permanente que supone el ejercicio de gobierno, el Poder Ejecutivo continúe en su medición de fuerza con la institución universitaria… porque nadie pecará de ingenuidad y creerá que la solicitud de auditoría a la obra del museo universitario es el mero deseo de un diputado.El gobierno de Jalisco cumplió con el objetivo de reactivar el regreso presencial a clases. Esto es positivo en muchos sentidos. Sobran argumentos para subrayar que cientos de miles de niños y adolescentes en Jalisco padecen daños porque no han asistido a sus escuelas y carecen de la convivencia cotidiana con sus maestros y compañeros; las deficiencias en su educación y conocimientos serán mayores a las que ya se venían comprobando en los estudiantes antes de la pandemia del coronavirus.Todo eso está bien… pero, ¿por qué mientras en la Ciudad de México ni siquiera es tema público que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional no estén de regreso en las aulas, en Jalisco sea motivo para elucubraciones políticas que la Universidad de Guadalajara haya decidido posponer el regreso presencial?Cantidad ingente de páginas se han escrito sobre el tema.Apenas el viernes pasado (27 de agosto), el gobernador Enrique Alfaro Ramírez recibió en Palacio de Gobierno a una delegación universitaria encabezada por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí… y como resultado se conoció que “en unos días” responderán a los argumentos universitarios que defienden no hacer una reasignación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales a las obras del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá. Incluso, la acusan de ilegal.Ciertamente, la relación entre los dos entes políticos más potentes de Jalisco, el gobierno estatal y la UdeG, está fría y ríspida. Cierto, también, que la comunicación entre el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es inusualmente funcional. Baste señalar que el presidente aceptó un enlace con el gobernador Enrique Alfaro (como lo hizo con los gobernantes de otros estados), para unirse a distancia a la inauguración del ciclo escolar.El rector Villanueva asegura que el 100% de los recursos universitarios son auditados anualmente; que no le preocupa la nueva auditoría aprobada en el Congreso estatal a las obras del Museo de Ciencias Ambientales. Incluso, la anima.El auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, quedó en medio del choque de los dos actores públicos. ¿A quién le pedirá consejo?jonasn80@gmail.com / @JonasJAL
