Vaya que a veces el ejemplo cunde. Eso pasó ayer cuando el gobernador desmintió al Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, y abrió un frente contra el clero como le pasó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando luego del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, y el guía de turistas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua a manos del narco, ha rechazado revisar su estrategia de seguridad, como ha demandado la Compañía de Jesús y el Episcopado Mexicano a los que reprochó “estar muy apergollados a la oligarquía”.Como lo consigné aquí la semana pasada, una de las voces más contundentes para exigir esa evaluación de la política federal de seguridad fue justamente la del cardenal tapatío, quien tras lamentar el crimen de los sacerdotes en su parroquia de Cerocahui, expresó que los sicarios y líderes de las bandas de la delincuencia organizada “sólo sabían de balazos” y muy poco de abrazos como reza el slogan en materia de seguridad de la 4T.En esa misma línea de cuestionamiento al fallido combate del gobierno federal al narcotráfico, Robles Ortega (como lo había hecho días antes el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló) relató el domingo pasado cómo le ha tocado ser retenido en la zona norte del Estado, en varias ocasiones, por retenes que instalan grupos del crimen organizado. De hecho, de un retén similar se habló hace menos de un año, en julio del 2021, cuando en Mazamitla una célula criminal desarmó, retuvo y también interrogó a agentes de la Fiscalía estatal.“Le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica y qué hace, lo que yo digo es por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga (…) no es la primera vez que pasa y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, con armas largas”, describió el religioso.Denunció además el cobro de piso “de la plaza” a los organizadores de las fiestas patronales de las parroquias de la zona, quienes incluso les deben pedir permiso para poder organizarlas.Estas alertas del cardenal fueron respaldadas por organizaciones de transportistas y otros organismos empresariales, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo fueron descalificadas por el gobernador al asegurar que “en Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada” además de reclamarle al prelado no haber hecho una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.Desde luego, el desmentido del mandatario estatal al Cardenal no cayó nada bien en el Arzobispado de Guadalajara, donde lamentaron la postura también de polarización similar a la que ha asumido el gobierno federal y que, consideraron, en nada abona para buscar una mejor salida al grave problema de inseguridad y violencia que se padece en Jalisco y en muchas otras regiones del país.jbarrera4r@gmail.com
