Mientras la prensa y AMLO están enfrascados en el tema de si hubo o no dinero del narco en las campañas, en Estados Unidos se aprobó una ley que les pasó de noche y tendrá repercusiones importantes en un futuro próximo. El 22 de diciembre de 2023 el presidente Biden promulgó la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (o FEPA, por sus siglas en inglés). La FEPA ahora tipifica como delito cualquier funcionario extranjero, incluido cualquier empleado de un Gobierno extranjero o cualquier alto funcionario actual o anterior de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial o militar de un Gobierno extranjero o cualquier familiar inmediato o asociado cercano que exija o acepte un soborno de una empresa estadounidense o de cualquier persona. La ley de Prácticas Corruptas (FCPA) de 1977 se enfocaba principalmente en penalizar a las empresas y personas que sobornaban a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Esta ley sólo criminalizaba a aquellos que ofrecían o pagaban el soborno. La FEPA de 2023 amplía el alcance de la legislación para incluir no solo a los que pagan los sobornos, sino también a los que los reciben. Esto significa que ahora tanto el que ofrece el soborno como el funcionario extranjero que lo recibe están cometiendo un delito. Además, la FEPA expande la responsabilidad a aquellos que actúan en nombre de funcionarios gubernamentales extranjeros, incluso si lo hacen de manera no oficial. Esta expansión es significativa porque incluye una gama más amplia de conductas y relaciones en el ámbito de soborno internacional.Por ejemplo, si una persona recibe favores, dinero, regalos u otros beneficios de valor en los EU como parte de un esquema para influir en una decisión empresarial o gubernamental, y hay conexiones con una empresa o comercio estadounidense, esa persona podría ser sujeta a investigación y posiblemente a enjuiciamiento bajo la nueva Ley.Si una empresa estadounidense cree que una persona tiene influencia para conseguir un contrato y le da un beneficio para quedar bien con él, podría estar infringiendo la FEPA, incluso si no se ofrece ni se acepta un soborno explícito. Según la nueva disposición, los funcionarios extranjeros acusados de aceptar sobornos pueden ser arrestados cuando ingresen a territorio estadounidense; si viven en un país con un tratado de extradición con los Estados Unidos, o si viajan a un tercer país que tiene un tratado de extradición con los EU.Este cambio en la ley tiene implicaciones significativas. Para ilustrar esto, consideremos un caso hipotético de Juan Pérez, que es hijo de María Pérez, una directora de una empresa gubernamental en un país extranjero (ADVERTENCIA: cualquier similitud con algún evento de la vida real es pura coincidencia). Juan estudia en una universidad de Estados Unidos y decide alquilar un apartamento. El propietario, Sr. Smith, es dueño de una empresa de construcción interesada en obtener un contrato en el país de Juan. Al enterarse de la conexión de Juan con María Pérez, el Sr. Smith ofrece a Juan un descuento importante en la renta. Aunque no hay un acuerdo explícito de soborno, el Sr. Smith cree internamente que este favor podría influir en la decisión de María Pérez al evaluar ofertas para el proyecto de construcción. Juan, ajeno a las intenciones de Sr. Smith, acepta el descuento.Este escenario se convierte en un caso de interés bajo la FEPA. Aunque Juan no tenía conocimiento claro de las intenciones del Sr. Smith, y no hubo un soborno explícito, la situación podría interpretarse como un intento de influencia corrupta. Bajo la FEPA, el simple hecho de ofrecer un beneficio con la intención de influir en una decisión relacionada con negocios podría ser suficiente para iniciar una investigación. No habrá necesidad de como dice AMLO, de que “enseñen las pruebas”. Se acercan los tiempos del cobro de facturas. Aguas.
