La noche del mismo domingo 2 de junio, cuando la montaña de San Gabriel había vomitado toneladas de troncos enterrados clandestinamente y lodos acumulados ahí durante años, que desbordaron el Río Salsipuedes causando muerte y destrucción, los moradores atribuían la tragedia a la tala clandestina y los incendios provocados en esos bosques para abrir paso a la sobreexplotación aguacatera, que venían denunciando desde hace al menos una década sin que nadie les hiciera caso.Ese era el reclamo de los miles de afectados en este municipio sureño de Jalisco, y que flotaba en el ambiente el lunes 3 de junio, cuando por fin hizo presencia en la zona devastada el gobernador Enrique Alfaro.Sin embargo, ese día el mandatario estatal atribuyó el deslave sólo a la tala clandestina y nada mencionó del crecimiento ilegal y exponencial de los cultivos de aguacates en la zona, como quedó consignado en el boletín que ese mismo día emitió la Dirección de Comunicación social del Gobierno del Estado.“Hice un sobrevuelo a la parte más alta del cerro, vimos también cómo los incendios y seguramente también, como aquí se ha señalado, tiene que ver también con procesos de tala clandestina que se han dado durante muchos años en la sierra; el suelo se reblandeció y eso fue parte que explica lo que aconteció, entonces esas obras son las más urgentes. Estamos programando una inversión de 120 millones de pesos para resolver los problemas de abasto de agua, para sustituir, cuando menos, cuatro puentes que ya tienen daño estructural y varias obras de rectificación de cauce y de contención en los márgenes del río que nos permitan evitar riesgos”.Fue hasta el martes 4 de junio, y tras ser cuestionado sobre el tema, que Alfaro prometió que se haría una investigación para revisar si los aguacateros de San Gabriel eran los causantes de la tala ilegal, y por ende, causantes de la avalancha de troncos que dejó saldo de 5 muertos, una anciana desparecida, tres mil afectados y daños multimillonarios.Aunque también aclaró: “Me parecería también un grave error pensar que todos los que se dedican a sembrar aguacate son depredadores ambientales”.Pues bien, esta investigación prometida por el gobernador la semana pasada deberá ser una prioridad en su agenda, luego del reportaje de Agustín del Castillo que ayer reveló que entre los nombres y empresas aguacateras que han explotado los últimos años esa zona aparece el de su padre, el ex rector de la UdeG, Enrique Alfaro Anguiano, y de sus familiares de apellido Aranguren y Herrejón.El gobernador debe ser el primer interesado en demostrar que sus allegados no son “depredadores ambientales” y que tramitaron debidamente el uso de suelo, o de lo contrario deslindar responsabilidades sin favoritismos o privilegio alguno, ya que de lo contrario el “aguacate-gate” se le podría convertir en una crisis más en su joven y accidentado gobierno.jbarrera4r@gmail.com
